Los ciudadanos son bombardeados por propaganda política vacía de contenido, mientras esperan por una Justicia hasta hoy morosa y en algunos casos ineficiente.
La economía lentamente empieza a mejorar. Algunos indicadores dan cuenta de ello, entre otros la baja de la tasa de inflación, el crecimiento del producto bruto interno y el aumento de la propensión al consumo por parte del público. Claro está, que falta que esa recuperación se extienda a más sectores de la vida económica argentina. Es decir, hay muchos trabajadores que empiezan a sentir un cierto alivio en sus bolsillos, pero aún falta que esa situación se concrete para muchos más.
Al momento de escribir esta columna, los diputados nacionales votaron por la permanencia del presidente de la Comisión de Energía como miembro de la Cámara y al frente de la referida comisión. Así, el resultado de la votación arrojó 138 votos por la expulsión de Julio de Vido, 95 por su continuidad y 3 por la abstención. Conclusión: continúa como diputado al no haberse alcanzado los dos tercios de los votos necesarios para su desplazamiento.
El nivel del debate que precedió a la citada votación resultó por demás pobre, por no decir lamentable. El citado diputado se autoproclamó víctima de una persecución personal. A través de su autovictimización intentó con la lectura de un insustancial relato, eludir las responsabilidades que sin duda le corresponden. Es así que llegó a mencionar "que lo persigue un programa de hambre neoliberal…”. Recordemos que el arquitecto De Vido fue ministro de los tres gobiernos kirchneristas nacionales y administró cuantiosos presupuestos, vinculados a lo concerniente a la obra pública hasta la producción de contenidos audiovisuales, usando para esto último a varias universidades nacionales.
Una funcionaria, en este caso judicial, la Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó también apeló a victimizarse para eludir sus responsabilidades. Lo hizo ante su llamado a indagatoria, en una causa en la que está imputada por varios posibles delitos que se podrían haber cometido en ocasión de la compra de un inmueble por parte del organismo a su cargo.
Otra que proclamó víctimas por parte del actual gobierno, resultó la candidata a diputada por la agrupación kirchnerista Unidad Ciudadana Fernanda Vallejos. Esta candidata llegó a decir que Amado Boudou era un perseguido político, como fueron perseguidos en el pasado Eva Perón, Juan D. Perón e Hipólito Yrigoyen entre otros. El nivel de dislate es tal, que exime de mayores comentarios. Pero la constante de la estrategia kirchnerista, es hacer aparecer a sus ex-funcionarios responsables de la gestión nacional durante 12 años, como víctimas de una persecución macrista.
A propósito de gestión durante los 12 años de kichnerismo, vale la pena recordar dos fallos del CIADI en contra de la República Argentina. El CIADI es el tribunal arbitral del Banco Mundial, que condenó a nuestro país a pagar casi 384 millones de dólares y recientemente también condenó a la Argentina a pagar otros 320 millones de dólares. En total, una cifra cercana a los 704 millones de dólares. Ambos casos tienen que ver con el desmanejo en las estatizaciones, por parte de la gestión kirchnerista, de las empresas Aguas Argentinas y Aerolíneas Argentinas privatizadas por el menemismo. Como es sencillo advertir, lamentables gestiones provenientes de varios gobiernos peronistas. Los privatistas neoliberales y los estatistas populistas.
Volviendo a la penosa sesión en la Cámara de Diputados, en la que se debatió sobre la expulsión o la permanencia del diputado De Vido, resulta útil reflexionar sobre el porqué se llegó a esa situación. La lentitud y en algunos casos la ineficiencia, en el desarrollo de varias causas que tramitan en el fuero federal, aparecen para muchos como el origen del tan mentado debate parlamentario. Ello se debe a que en las mencionadas causas, están imputados numerosos ex-funcionarios acusados de actos de corrupción en perjuicio del Estado Nacional. Si en alguna de estas causas, atento al cúmulo de pruebas y lo significativo de los fondos saqueados, según diversas fuentes responsables, algún juez hubiese hecho lugar al pedido de un fiscal de detener al imputado De Vido se habría evitado la sesión de marras. Ello en razón a que el juez interviniente habría, de esta forma, solicitado a la Cámara de Diputados el desafuero del mencionado diputado. Es decir, el legislativo sólo se hubiera pronunciado en respuesta al debido requerimiento judicial.
Ante el colectivo deseo de mejorar el desempeño de la actuación de ciertos jueces y atento a la convocatoria a tal efecto para el próximo 3 de agosto, vale la pena recordar algunas palabras pronunciadas por el juez brasileño Sergio Moro. El magistrado a cargo de la causa lava jato, en ocasión de la visita que realizara este año a nuestro país, señaló: “La opinión pública termina funcionando como una especie de escudo protector de la investigación. No tengo dudas que el enfrentamiento a la corrupción sistémica sólo nos traerá beneficios de productividad y eficiencia económica”.
Fernando Robles
Analista político y economista
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