La investigación judicial en torno al vuelo privado que utilizó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó nuevas medidas en las últimas horas, mientras crece otra polémica paralela vinculada a una presunta propiedad en el country Indio Cuá Golf Club, que no habría sido incluida en su declaración jurada.

Por un lado, el juez federal Ariel Lijo ordenó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria relevar todas las cámaras de seguridad del aeropuerto de San Fernando correspondientes al 12 de febrero, día en que el funcionario viajó junto a su familia a Punta del Este. El objetivo es reconstruir en detalle los movimientos vinculados al vuelo, incluyendo accesos, hangares, pista y zonas aledañas.

En paralelo, también se solicitó información sobre la aeronave utilizada -un Honda Jet operado por la empresa Alpha Centauri S.A.-, así como documentación que permita establecer quién contrató y pagó el servicio. La causa busca determinar si existieron irregularidades en el traslado y si se cumplieron los controles correspondientes.

Sin embargo, más allá del expediente judicial, el foco político se trasladó a Exaltación de la Cruz, donde la diputada Marcela Pagano denunció que Adorni tendría una vivienda en el country Indio Cuá, un barrio cerrado de perfil modesto en comparación con otros desarrollos premium, pero con servicios como cancha de golf, instalaciones deportivas y seguridad privada.

Según la presentación, la propiedad -ubicada en el lote 380- sería una casa de dos plantas, situada cerca del hoyo 17 del campo de golf. Las expensas, de acuerdo a la denuncia, figurarían a nombre de su esposa, Betina Angeletti, lo que para la legisladora sugiere un vínculo con el inmueble que no fue informado ante la Oficina Anticorrupción.

Pagano sostuvo que existe una "discordancia" entre esta información y la última declaración jurada del funcionario, en la que solo figuran dos propiedades: un departamento en Parque Chacabuco -compartido con su esposa- y otro en La Plata recibido por donación. También declaró ahorros por unos 50.000 dólares y deudas cercanas a los 90.000.

En ese contexto, la diputada amplió la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito y pidió medidas para esclarecer la titularidad del inmueble. Entre ellas, solicitó informes al Registro de la Propiedad bonaerense, a la administración del country y a la municipalidad local para determinar si existen permisos de obra o registros vinculados a Adorni o su entorno.

El valor de las viviendas en Indio Cuá, según datos aportados en la denuncia, oscila entre los 129.000 y 249.000 dólares, con un promedio cercano a los 150.000, a lo que se suma una cuota de ingreso y expensas mensuales que cubren mantenimiento y seguridad.

Vecinos del barrio señalaron que el funcionario frecuentaba el lugar desde 2024, inicialmente como inquilino de fin de semana, y que luego habría consolidado su presencia. También indicaron que cuando se encuentra en el country suele contar con custodia de fuerzas federales.

La controversia se da en medio de un contexto delicado para Adorni, quien en las últimas semanas quedó en el centro de cuestionamientos por distintos episodios, entre ellos su participación en viajes oficiales y el uso de vuelos privados.

Pese a los rumores sobre un posible alejamiento del cargo, el presidente Javier Milei respaldó públicamente a su funcionario y descartó cambios en el Gabinete. El propio Adorni, por su parte, desestimó las versiones con un escueto mensaje en redes sociales.

Mientras avanza la causa judicial y se multiplican los pedidos de informes, la situación abre interrogantes tanto sobre el uso de recursos como sobre la transparencia patrimonial del funcionario, con el foco puesto ahora en una vivienda en un country bonaerense que se convirtió en el nuevo eje de la polémica.