El Gobierno eliminará 900 mil planes sociales y los reemplazará por vouchers para capacitación laboral

La medida comenzará a aplicarse en abril y alcanzará a beneficiarios del programa Volver al Trabajo. La iniciativa apunta a sustituir la asistencia directa por formación profesional para promover la inserción en el empleo formal.

El Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, se prepara para avanzar en una profunda reforma del esquema de asistencia social con la eliminación de cerca de 900 mil planes y su reemplazo por un sistema de capacitación laboral basado en vouchers. La medida, que comenzaría a implementarse en abril, forma parte de una estrategia orientada a reducir las transferencias directas y promover la inserción en el mercado de trabajo.

La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Capital Humano y apunta específicamente al programa Volver al Trabajo (VAT), que actualmente alcanza a unas 900 mil personas y otorga una prestación mensual de $78.000. Según lo previsto, este esquema dejará de pagarse y será sustituido por un sistema que prioriza la formación profesional.

En los últimos días, los beneficiarios comenzaron a recibir notificaciones a través de la aplicación Mi Argentina y por correo electrónico, donde se les informa sobre la finalización del programa y la posibilidad de inscribirse en el nuevo sistema de capacitación.

El cambio responde a una decisión oficial de transformar la lógica de la asistencia social. En lugar de recibir un ingreso mensual de manera sostenida, quienes estaban incluidos en el VAT deberán participar en cursos de formación laboral con el objetivo de adquirir herramientas que faciliten su inserción en el mercado formal.

Desde el Gobierno explican que el nuevo esquema estará basado en una red federal de instituciones educativas y centros de formación, que ofrecerán cursos adaptados a las necesidades productivas de cada región. La intención es que los participantes puedan acceder a certificaciones con aval del sector privado, lo que aumentaría sus posibilidades de conseguir empleo.

Este proceso de transformación no es reciente. En abril de 2024, la administración nacional había anunciado la creación del programa Volver al Trabajo como reemplazo del Potenciar Trabajo, junto con el Programa de Acompañamiento Social. El objetivo de esa reformulación fue, entre otros puntos, eliminar la intermediación de organizaciones sociales y municipios en la distribución de los beneficios.

A partir de esa reconversión, el universo de beneficiarios quedó dividido en dos grandes grupos. Por un lado, los aproximadamente 900 mil titulares del VAT, que ahora serán alcanzados por la nueva medida. Por otro, cerca de 300 mil personas incluidas en el Programa de Acompañamiento Social, destinado a sectores con mayores dificultades para acceder al empleo, quienes no serían alcanzados por la eliminación del beneficio.

El Gobierno había fijado un plazo de 24 meses para avanzar en la transformación del sistema, un período que se cumple a comienzos de abril de este año. En ese marco, el programa Volver al Trabajo no será prorrogado y dará paso al nuevo esquema.

Como parte de la implementación, en enero se llevó a cabo una prueba piloto con un grupo reducido de desocupados que participaron en cursos de capacitación en un centro de formación ubicado en el barrio porteño de Paternal. Esa experiencia sirvió como base para ajustar el funcionamiento del sistema que ahora se busca expandir a nivel nacional.

El nuevo modelo también incorporará condiciones más estrictas para los beneficiarios. Quienes se inscriban en los cursos deberán cumplir con requisitos de asistencia y permanencia. En caso de abandonar la capacitación, perderán el beneficio y no podrán volver a acceder al programa.

Desde el oficialismo sostienen que esta política apunta a fomentar una cultura del trabajo y reducir la dependencia de los planes sociales, en línea con la visión económica del Gobierno. Sin embargo, el alcance y el impacto de la medida generan expectativas e interrogantes, especialmente en un contexto económico complejo donde el empleo formal aún presenta dificultades para absorber a una gran parte de la población.

Con este cambio, la administración nacional busca redefinir el rol del Estado en la asistencia social, priorizando la formación y la empleabilidad por sobre la transferencia directa de ingresos, en una apuesta que será puesta a prueba en los próximos meses.

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