La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) lleva adelante este lunes un paro nacional docente de 24 horas que afecta el inicio de clases tras las vacaciones de invierno en varias provincias, entre ellas Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero. La medida de fuerza se desarrolla en medio de un fuerte cruce con el Gobierno nacional, que anticipó que fiscalizará el nivel de adhesión y advirtió que podría aplicar sanciones si no se garantiza la prestación mínima del servicio educativo.

La protesta fue convocada por el principal sindicato docente del país en reclamo de la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), la defensa del sistema previsional de los trabajadores de la educación y el rechazo al proyecto de ley de libertad educativa.

Desde CTERA sostuvieron que la decisión de realizar el paro responde a la "permanente negativa" del Gobierno nacional de abrir una instancia de negociación salarial que permita discutir la pérdida del poder adquisitivo de los docentes y las condiciones de financiamiento del sistema educativo.

La organización gremial también volvió a reclamar la restitución del FONID, un complemento salarial financiado históricamente por la Nación que dejó de abonarse tras la decisión del Gobierno de Javier Milei de discontinuar esos envíos a las provincias.

El Gobierno anunció controles

En paralelo con el desarrollo de la medida de fuerza, el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, informó que llevará adelante controles para verificar el cumplimiento del servicio educativo durante la jornada.

La cartera nacional señaló que la fiscalización se realizará a través de las agencias territoriales y remarcó que, si se detectan incumplimientos en la obligación de garantizar el 75% de la prestación habitual del servicio, se pondrán en marcha los mecanismos previstos para aplicar sanciones a las entidades sindicales.

Según advirtió el Ministerio, el objetivo es controlar el cumplimiento del presentismo y verificar que se respete el porcentaje mínimo de funcionamiento establecido para el servicio educativo.

El anuncio profundizó la tensión entre el Gobierno nacional y los gremios docentes, que desde hace meses mantienen diferencias por la política salarial y el financiamiento de la educación pública.

Impacto en el regreso a clases

El paro coincide con la primera jornada del regreso a las aulas tras el receso invernal en distintas jurisdicciones del país, por lo que miles de estudiantes no pudieron retomar normalmente las actividades escolares.

La medida alcanza a los niveles inicial, primario y secundario, con un fuerte impacto en las escuelas públicas.

En los establecimientos de gestión privada, en tanto, el dictado de clases depende de la adhesión de cada docente y de la decisión de cada institución, aunque los gremios aseguraron que el acatamiento también es elevado en ese sector.

En la provincia de Buenos Aires, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), integrado por SUTEBA, FEB, UDOCBA, AMET y SADOP, acompaña la jornada de protesta, por lo que se espera un importante nivel de adhesión en los establecimientos educativos.

La convocatoria forma parte de un plan de lucha nacional que CTERA viene impulsando desde hace varios meses.

Entre los principales reclamos figuran la reapertura de la Paritaria Nacional Docente, una recomposición salarial acorde con la inflación, la restitución del FONID y la recuperación de los fondos nacionales destinados al financiamiento educativo.

Además, la organización rechaza el proyecto de ley de libertad educativa y reclama mayores recursos para garantizar el funcionamiento de las escuelas públicas en todo el país.

Mientras el Gobierno insiste en avanzar con controles sobre la prestación del servicio y los gremios sostienen que la medida responde al deterioro salarial del sector, el conflicto docente vuelve a instalarse en el inicio de la segunda mitad del ciclo lectivo y deja abierto un nuevo frente de tensión entre la administración nacional y los sindicatos de la educación.