Juan Pablo Trovatelli, Defensor del Pueblo, denunció que el Ejecutivo no la implementó y que aún existen numerosos problemas de comunicación. La entidad ya ha pedido explicaciones.

El 9 de agosto de 2018, el Honorable Concejo Deliberante aprobaba una un proyecto de ordenanza que impulsaba la inclusión de la comunidad hipoacúsica del distrito a la hora de realizar diversos trámites públicos.

La misma fue aprobada por mayoría y proponía, entre otras cosas, la capacitación a empleados públicos, el diseño de un sistema de pictogramas y la existencia de un intérprete para facilitar el acceso a la comunicación en hospitales, comisarías o dependencias públicas, sobre todo, a la hora de tramitar el registro de conducir que era donde mayor conflicto registraban quienes padecen una discapacidad auditiva.

Sin embargo, a más de un año de la aprobación de la misma, la Defensoría del Pueblo denunció en diálogo con Diario Resumen que no se había ni siquiera comenzado con su implementación, continuando la vulneración de derechos para todos los miembros de la comunidad hipoacúsica pilarense.

“Se cumplió un año y la realidad es que no tenemos conocimiento, y mantenemos diálogo con la comunidad hipoacúsica, y sabemos que no se ha implementado. Ellos realmente están muy preocupados y, por sobre todo, desilusionados”, explicó a Resumen, Juan Pablo Trovatelli, Defensor del Pueblo.

La Defensoría fue el organismo que, luego de diversas conversaciones, impulsó el proyecto de accesibilidad en la comunicación. Asimismo, trabajaron junto a la Comisión de Legislación del HCD, el director de Licencias de Conducir, Gonzalo Georgiadis, y el director de Inclusión, Ramiro Giménez, entre otros miembros del Poder Ejecutivo local.

Lo cierto es que, siendo que obtuvo apoyo en el Concejo y que el Municipio mostró su acompañamiento, para Trovatelli no habría motivo económico por el cual la Comuna haya decidido no implementar la ordenanza de accesibilidad, ya que la inversión de dinero sería muy baja pero, quizás, lo que sí falta es tomar la decisión: “no hay conflicto o problema pero sí depende de una decisión política de restituir derechos a los hipoacúsicos, que hoy tienen un montón de limitaciones al hacer trámites, ir al hospital, recibir asesoramiento en oficinas públicas. El gasto sería muy pequeño”.

Es una ausencia de empatía, de diálogo con la comunidad”

Si bien admitió que desde el Municipio se trabajó el proyecto, aseguró que es el Estado quien debe “solucionar la problemática” a través de la implementación, cosa que al momento no ha ocurrido.

El Defensor del Pueblo aseguró que si el Ejecutivo así lo quisiese, podría conocer el conflicto simplemente acercándose a quienes padecen esta discapacidad pero que carecen de empatía. “Es una ausencia de empatía, de diálogo con la comunidad de sordos porque ellos de primera mano podrían manifestarles las barreras que encuentran cotidianamente para sentirse incluidos, sentirse parte de la comunidad, acceder a realizar los trámites que necesiten, para acceder a la salud”, apuntó.

Desde la entidad se han hecho mesas de diálogo y trabajo, impulsando la necesidad de velar por los derechos de los hipoacúsicos pero Trovatelli dijo que “el Estado municipal no se ha hecho eco del reclamo, independientemente de todas las mesas de diálogo que hemos impulsado”.

La ordenanza restituye derechos a una comunidad que siempre se ha visto postergada”

“El Ejecutivo tiene lo humano, la infraestructura, lo económico, los profesionales para hacer esta ordenanza que es interesante, que restituye derechos y que de verdad, no requiere mucho esfuerzo, creatividad o dinero. Es una decisión política de poner a disposición un grupo de intérpretes en algunos edificios para cuando tengan urgencias o necesidades”, argumentó.

Al ser consultado por los pasos a seguir de ahora en adelante, el responsable de la Defensoría del Pueblo fue contundente al confirmar que se han hecho las presentaciones necesarias para que el Poder Ejecutivo dé los motivos por los que, hasta el momento, no han llevado adelante lo que se ha sancionado. “Enviamos una resolución solicitando explicaciones al respecto, pero la realidad es que no debería hacer falta, debería ser que el Estado es el que sabe que está incumpliendo esta normativa y hacer algo”, aseveró.

“Vamos a insistir, a solicitar que se implemente porque entendemos que restituye derechos a una comunidad que siempre se ha visto postergada.”, concluyó Juan Pablo Trovatelli.

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