Con cuatro votos sobre cinco, la Corte Suprema de Justicia rechazó la aplicación del beneficio del “2×1” a los acusados por delitos de lesa humanidad durante la dictadura.

 

El fallo es el segundo de la secuencia de casos relevantes cuyo tratamiento fue anunciado por el máximo tribunal en un cronograma a cumplir antes de fin de año.

Se trata del segundo fallo del máximo tribunal sobre esta cuestión, tras la controversia que se generó en 2017 cuando avalaron este beneficio para el represor Luis Muiña, que estaba libre al momento de la resolución y que luego volvió a la cárcel, después de que la Cámara de Casación revocara su sobreseimiento.

En esta oportunidad los ministros del máximo tribunal eligieron el caso de Rufino Batalla, el represor condenado a 12 años de prisión por su participación en el centro clandestino La Cacha. Al igual que Muiña, Batalla reclamó que se le computara el beneficio del 2×1, que contabiliza el doble el tiempo que un acusado estuvo detenido sin condena.

Tras el antecedente de Muiña, a quien la Corte benefició con el 2×1 gracias al voto de los jueces Carlos Rosenkrantz, Elena Highton y Horacio Rosatti, ahora el máximo tribunal decidió sobre este caso.

Es que en ese momento y ante las fuertes críticas de gran parte de la sociedad y políticos, el Congreso aprobó la nueva norma (la 27.362) restringiendo la aplicación del 2×1 para casos de lesa humanidad, y desde la Corte habían adelantado que volverían a sacar un fallo sobre el tema.

La mayoría se conformó con los votos de Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti y los de Rosatti y Highton, que modificaron su criterio basados en la ley sancionada por el Congreso.

Rosatti -en un voto al que adhirió Highton- sostuvo que esa ley sancionada por el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo era “interpretativa” y por ende, válida. Rosenkrantz, en cambio, se mantuvo en su postura original basado en que no es constitucional aplicar la nueva ley con efectos retroactivos en contra del condenado.

El expediente que analizó la Corte refiere al ex agente de inteligencia Rufino Batalla, condenado a 13 años de prisión por su responsabilidad en más de un centenar de casos de víctimas de la dictadura pero sin sentencia firme y recientemente liberado. Entre sus víctimas se encuentra la hija de la titular de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.

Cabe recordar que la ley del 2×1 rebajó en los 90 a la mitad el cómputo de la pena de un condenado que hubiera pasado como procesado más de dos años en prisión preventiva y sin condena cada uno de esos días extra previstos por la ley para el encarcelamiento provisorio.

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