Opinión

Hacia una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos

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Por Fabiola Kosik

Departamento de Educación Sumemos

El 18 de septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas emitió un documento muy importante que marcará la agenda mundial en múltiples aspectos “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible”.

En lo que se refiere a educación, este documento establece los lineamientos que se seguirán en los próximos años, en el ODS (Objetivo de Desarrollo Sostenible) N°4: “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todos”.

La Argentina adscribió a este objetivo, hecho que se ve plasmado en varias políticas educativas, entre ellas el “Marco para la Implementación de la Secundaria 2030” del año 2016. Este documento establece las directrices para la nueva escuela secundaria siendo su objetivo general “reconvertir el funcionamiento originario de la escuela secundaria, de una escuela tradicionalmente selectiva a una escuela inclusiva, abierta y de calidad, de tal forma que la brecha que existe entre la escuela secundaria de hoy y la de la cohorte que egresará en 2030, debe convertirse en la principal agenda de trabajo”.

Ahora bien, teniendo en cuenta el informe elaborado por los Observatorios y Equipos de Investigación en 2018, entre 2018 y 2019 la educación pierde participación en el presupuesto nacional de 7,1% a 5,5%, tendencia que se viene manteniendo desde 2016 con una muy leve excepción en el 2017. Si se considera que el “Marco para la

Implementación de la Escuela Secundaria 2030” fue diseñado en el 2016, claramente no tuvo previstas partidas presupuestarias acordes a su implementación, sino por el contrario, el presupuesto educativo ha venido disminuyendo y viéndose degradado por los efectos de la inflación. De hecho, según este informe, el presupuesto educativo del

Estado nacional en 2019 será, en términos reales, un 17% más bajo que el de 2016 (de 122 mil millones a 101 mil millones). De igual modo dicho recorte afecta a áreas clave para la implementación de este proyecto, tales como: ampliación de la jornada escolar, infraestructura y equipamiento escolar y salarios docentes. También se observan recortes en varias políticas educativas como Conectar Igualdad y Formación

Docente.

De todo lo expuesto, surge que el 6% del PBI establecido por la Ley Nacional de Educación como piso para la inversión en educación no se sostuvo a partir del 2015. En 2016 la inversión en educación fue del 5,80% del PBI y en 2017 del 5,65% del PBI. Esta tendencia continúa en el 2018 y en el 2019 dónde, además, el presupuesto educativo no ha podido escapar a los efectos de la inflación (CIPPEC 2019).

A modo de reflexión, se plantean varios interrogantes con la mirada puesta en el futuro próximo, así como también en vista al año 2030, considerando que esta es la fecha que se propuso el proyecto para cumplir con su objetivo:

– ¿Cómo se articula el objetivo de esta política educativa con el proyecto nacional en el que la educación parece no estar en una posición prioritaria, al menos a nivel presupuestario?

– Al no haber una partida presupuestaria destinada al proyecto, ¿acaso no se intensificaría la brecha de calidad entre la educación pública y la educación privada?

– ¿De qué forma se acompaña el proceso de democratización de la educación en América Latina de la última década cuando la reducción del presupuesto en educación afecta directamente a los sectores más vulnerables de la sociedad?

– ¿Cómo es posible cumplir con el objetivo de “Formación y Acompañamiento” de los docentes si la política de formación viene sufriendo recortes?

Desde Sumemos, consideramos de suma importancia para el futuro de la educación concebir a la administración de la educación como una política de Estado y no como una estrategia propia de los gobiernos de turno. Esta es la manera de asegurar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos los alumnos a lo largo de toda la vida.

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