Por Gustavo Giacomo, economista

Un niño no puede caminar por su deficiencia, lo hace gracias a un invento llamado “exoesqueleto”. Un adolescente al que se le dificulta entender cómo comunicarse con las personas lo hace ayudándose con una aplicación en su celular, u otro, que no posee lenguaje puede expresar aquello que desea gracias a un conjunto de imágenes que tiene en su teléfono. Otro niño va a la escuela y tiene una tablet que lo ayuda a aprender al igual que sus compañeros y un joven con una discapacidad sensorial o motriz puede ir a trabajar porque tiene los apoyos tecnológicos adecuados para que su rendimiento sea como el de cualquier otro.

Hace sólo unas décadas, esto hubiera parecido ciencia ficción, sin embargo, en los últimos años nos estamos acostumbrando a que la tecnología aumentó las posibilidades de las personas con discapacidad, apoyándolos en el funcionamiento de sus vidas cotidianas y generando una mayor calidad de vida para ellos y sus familias. Estos proyectos tecnológicos permiten extender y expandir las capacidades humanas. Estuvimos muy acostumbrados a ver sillas de ruedas, audífonos y otros elementos, pero poco se ofrecía para otras discapacidades. Con el desarrollo tecnológico, internet y la caída de los costos del software libre, la oferta se multiplicó.

Hoy contamos con aplicaciones que mejoran el lenguaje y la comunicación, la comprensión del mundo, permiten apuntalar las habilidades sociales, facilitan el aprendizaje, la inclusión laboral, mejoran las posibilidades de la iniciación deportiva y la competición de alto rendimiento, acompañan en la recreación, la salida cultural la seguridad y muchas otras cosas más. Además, también contamos con tecnologías adaptadas para cada ciclo de la vida de las personas y para cada tipo de discapacidad.

Asimismo, es de destacar que, haciendo una rápida revisión en las principales revistas científicas internacionales, se puede observar un crecimiento exponencial de los trabajos publicados sobre esta temática. Y a juzgar por los resultados que se obtienen y el interés que suscitan, la tendencia indica que seguirán creciendo. Por otra parte, nuestro país se encuentra en un muy buen momento para la promoción de la así llamada “tecnología inclusiva”, debido, por un lado, a la capacidad emprendedora de nuestros científicos y técnicos, por el otro el gran protagonismo social que poseen las personas con discapacidad y sus organizaciones.

Pero con esto nos toca a todos también una responsabilidad que debemos asumir. Mucha de esta tecnología inclusiva es gratuita y es desarrollada por jóvenes con formación técnica, con una mirada muy interesante sobre la inclusión, con recursos propios y con envidiables ganas de hacer algo por el otro, por el que no puede. El proyecto “JuegaJuampi”, que nació de la mano de jóvenes entusiastas pilarenses, es el mejor exponente de ese modelo recurrente de los desarrollos científicos de innovación que se llevan a cabo en todas partes del país. Donde los municipios colaboran en todo lo que pueden para ayudar en lo que sea para facilitar que esos desarrollos puedan ver la luz y materializarse en personas concretas. El problema, pasa a nivel nacional ya que no hay una decisión (Política de Estado) para apoyar la ciencia en forma efectiva en todo el proceso de desarrollo de esas tecnologías inclusivas que redunda en el bien común a través de beneficios concretos y tangibles que tendría que ser de interés gubernamental ya que beneficia a la sociedad toda y por ende termina teniendo un impacto positivo para todos.

Asimismo, es imprescindible contar con líneas de crédito y/o subsidios para usuarios, emprendedores, desarrolladores, investigadores, familias y organizaciones. Porque estos desarrollos (que se hacen a pulmón y con escasos componentes de última generación en sus computadoras), en la mayoría de los casos se pueden replicar y realizarse a escala para que mayor cantidad de personas puedan llegar a obtener ese beneficio. Además, la participación del Estado dentro del universo de las aplicaciones y productos existentes tendría que estar presente en forma activa no tan solo para potenciar el desarrollo de esas innovaciones sino que también para orientar al potencial usuario. El diseño de cualquier desarrollo de tecnología inclusiva para que tenga mayor penetración en todo el territorio nacional tiene que estar guiado, tutoriado, fomentado y patrocinado por las áreas de ciencia y técnica del Estado Nacional (que siempre tuvo un escaso presupuesto). Dándole así, sustento oficial necesario y adecuado a las innovadoras tecnologías inclusivas.

Por eso, para seguir consolidando estos desarrollos tecnológicos que materializan ideas inclusivas es necesario tomar la decisión política de que la innovación y la tecnología tienen que tener estatus de “Política de Estado” de largo plazo que convoque, nuclee, vincule, apoye y sustente cada proyecto de innovación social o de tecnología inclusiva. De lo contrario, festejaremos cada innovación tecnológica aislada hecha con un enorme sacrificio por parte de sus desarrolladores que puede llegar a pocas personas y desaprovechada totalmente por los gobiernos de turno. Por lo tanto, si tenemos en cuenta que el Estado tiene como función primordial velar por los derechos de todos los habitantes en general y por los discapacitados en particular. Negar, de alguna manera el acceso a nuevas tecnologías de inclusión existentes por no contar con las áreas adecuadas que puedan participar en forma activa de esas actividades es algo que también los futuros gobiernos tendrán que tomar en cuenta a la hora de armar sus plataformas políticas. Ya que la ciencia no forma parte de ninguna propuesta de campaña de la escasa oferta política para las próximas elecciones. De tal forma que, las inversiones genuinas en ciencia y tecnología siguen siendo, una asignatura pendiente.

La ciencia y la tecnología como Política de Estado

Entiendo que las políticas públicas de financiación de la ciencia, la tecnología y la innovación deberían fijarse en una perspectiva estratégica, más allá de las urgencias y la inmediatez que caracterizan a la política argentina. Las sociedades contemporáneas no disponen de valor más preciado que el conocimiento a la hora de superar sus problemas, mejorar la calidad de vida de sus ciudadanas y ciudadanos y proyectar un futuro de prosperidad con justicia y equidad. Argentina tiene una enorme capacidad de producción de conocimiento, creada con el esfuerzo de muchas generaciones, que le ha permitido alcanzar destacados logros, científicos y tecnológicos. Poner en riesgo esa capacidad de transformación sería echar por tierra los sueños de poder superar las grandes falencias estructurales que nos aquejan desde hace siglos.

Hacer de la ciencia y la tecnología una política de estado no es solo un postergado sueño de nuestra comunidad, sino ante todo una urgente necesidad de nuestra sociedad ya que contamos con jóvenes nativos digitales naturales como materia prima para llevar a cabo cualquier desarrollo científico de mediana y gran densidad. Los países centrales (europeos) no cuentan con esta posibilidad. Por lo tanto, desde el Estado se tiene que dar forma y guiar ese potencial humano con que cuenta la Argentina. Pero eso no se logra declamando y buscando el resultado fácil y rápido, sino con inversiones sostenidas en el tiempo y articulando entre todos los sectores de la sociedad y de los estados aquellas políticas públicas que permitan acordar primero y promover después las acciones que potencien el efecto transformador, tanto cultural como socioeconómico y del conocimiento.

“Los Países ricos lo son porque dedican dinero al desarrollo científico-tecnológico y los países pobres lo siguen siendo porque no lo hacen. La ciencia no es cara, cara es la ignorancia”, Bernado Houssay (premio Nobel de Medicina año 1947)

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