Opinión

El revés de la trama de la Impositiva: imposturas y mensajes

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Por Andrés Lavaselli, de la Agencia DIB

El freno al tratamiento de la Ley Impositiva, que Juntos por el Cambio impuso el viernes pasado cuando ya había un pre acuerdo alcanzado para aprobarlo, se convirtió en un temprano y serio traspié político para el gobernador Axel Kicillof, pero al mismo tiempo expuso incipientes debilidades internas en el debut de Juntos por el Cambio como oposición, que llevaron incluso a incumplir un acuerdo general de transición pactado por María Eugenia Vidal, lo que abre interrogantes sobre el futuro de la convivencia en la provincia.

Uno de los hechos más notorios del agitado debate público en torno a esa ley fue la  ausencia de precisiones oficiales sobre la recaudación adicional respecto de 2019 prevista con el nuevo esquema. No es un dato menor: ayuda a entender cuánto hubo de –legítimamente- ideológico y cuánto de fáctico en los posicionamientos políticos a ambos lados de la grieta. En un cálculo solo estimativo y sujeto a la evolución de variables como la inflación, lo que se discute son unos $33 mil millones, de los cuales 12 mil corresponden al Inmobiliario, eje de los cruces.

Conviene poner en contexto esa última cifra: en un sentido, es una enormidad de dinero, pero en otro es poco: representa apenas una fracción del 4% de la recaudación total, que es lo que percibe el Estado por ese tributo. Asoma así la verdadera dimensión del énfasis de Kicillof al resistir una rebaja mayor al 5% en la alícuota del 75% que aplicaría a los contribuyentes del tope de la escala. Hay allí algo de necesidad de financiamiento, por supuesto, pero hay tanto o más de convicción sobre la progresividad como núcleo de la política fiscal.

Esa política no es cualquier política: un lugar común de las ciencias sociales –que cualquier observación de sentido común corroboraría- indica que nada expone tanto las intenciones de un gobierno como la distribución que hace de la carga tributaria. Por eso, si hay una puesta en escena en el tono irreductible de Kicillof respecto del Inmobiliario, parece relacionado a dejar en claro desde el principio que, más allá de cuánto recaude, lo que define su política es que el peso de ese esfuerzo recaiga en los deciles medio altos y altos de la pirámide social.

En espejo, Juntos por el Cambio fue exitoso en exponer que esa tributación mayor no solo abarcaba a 200 grandes productores rurales (medida cuya razonabilidad quedó certificada por la protesta apenas formal de las entidades del sector en la provincia), sino también a unos 2,6 millones de contribuyentes urbanos. Aunque el hecho de que el 86% debería pagar $3.500 adicionales (descontables si es al contado) desnuda cuánto de defensa de la propia base electoral hay en la insistencia en que solo se acepta un incremento del 55%.

En la oposición están seguros de que hay, además, una inflexión geográfica con contenido político en ese diseño. Razonan así: las propiedades de mayor valor fiscal, en términos relativos, están en el interior bonaerense y, a lo sumo, en la Primera Sección Electoral. Por eso, conjeturan que la “redistribución de Kicillof” apunta a que los que paguen más sean sus votantes. Es un análisis perspicaz, pero que asume la representación de los sectores medios y altos como prioritaria.

 

Rosca al rojo vivo

 

Una de las confirmaciones del episodio impositivo es que, como se preveía, el Senado, donde JpC tiene una mayoría que le permite bloqueos, será, al menos en los próximos dos años, el lugar institucional de la política en la provincia. Y es tal vez solo una paradoja aparente que Kicillof haya elegido esa cámara para iniciar un debate que sabía difícil, aunque más no fuere porque pretendía que un articulado híper complejo presentado el mediodía de Navidad se aprobara apenas un día después. Si no se quiere conceder mucho, es casi misión imposible.

Con un PJ territorial fuera de su gabinete (pero no del de Alberto Fernández), que mira con lupa sus movimientos –el respaldo masivo de intendentes fue ex post facto- esa elección pudo parecer una inocentada del nuevo gobierno. Pero en el entorno de Kicillof juran que la explicación es menos evidente: la existencia de un pacto de transición, suscripto por la propia Vidal, que aseguraba que en esa cámara habría debate pero aquiescencia final asegurada. Ese pacto sería una extensión del que permitió la aprobación de las emergencias.

La cuestión remite al principio de acuerdo que, en la medianoche del jueves al viernes, alcanzaron funcionarios del gobierno –acompañados por Carlos “Cuto” Moreno y Federico Otermín- con un grupo de legisladores opositores, que se rompió la mañana siguiente porque, según la versión que se quiera escuchar, Kicillof se negó a ratificar lo que habían conversado sus coroneles o porque JpC profundizó sus exigencias para que todo estalle por el aire. Lo determinante es que allí entró a jugar un actor nuevo: el intendente Jorge Macri.

Y esa irrupción de Macri, que desde siempre quiere pelear por la gobernación, es significativa por varios motivos. 1) Se produjo en ausencia de Vidal 2) Provocó tensión al interior del propio bloque, no tanto por su rol en la negociación en sí mismo sino por cierto “vedetismo” posterior, cuando llegó el momento de explicar lo actuado ante las cámaras 3) Sería un indicativo de cierta dificultad de los mandos legislativos para ordenar a la “tropa” propia, cruzada por algunas internas catalizadas por el pase a la oposición.

A él, justamente, le habló Kicillof cuando dijo que no aceptaría “extorsiones”, un calificativo que según el gobierno fue la respuesta a una exigencia de cargos que suma a lo habitual más lugares en organismos como IOMA o AUBASA. La alusión a las vacaciones de Vidal (y de Federico Salvai, su exjefe de Gabinete) apuntó a lo que el Gobernador entiende que es su “responsabilidad”: no poder asegurar el cumplimiento del pacto por parte de Macri que, hábil, habría actuado por fuera de los términos de aquel acuerdo.

Del otro lado, señalan una paradoja: sin desmentir los roces por la irrupción de Macri, la batalla en que terminó todo, y sobre todo el tono de Kicillof hacia Vidal, habrían terminado por acercar algunas posiciones internas en JpC. “Si ellos aceptaban el 50% o 55%, nos complicaban más, porque nuestro electorado, que en general no quiere acuerdos, nos hubiera reprochado también pagar ese porcentaje”, es el análisis de un legislador opositor, que cree que además, el Gobernador se perjudicó por la difusión extra de un debate que suele hacerse en silencio.

El fin de semana, en tanto, comenzó a definirse el próximo fotograma de esta película: el gobierno prepara un nuevo proyecto, que recoge puntos de aquel preacuerdo de medianoche: baja en 5 puntos del tope de aumento de Inmobiliario y reversión de las subas en IIBB, que eliminaban bajas previas de Vidal. Entrará por Diputados, cámara más afín, pero la batalla volverá a estar en el Senado. Si nadie se mueve de sus trece (y todos extremaron tanto el discurso que es dudoso que haya mucho espacio para eso) será una pelea a fondo.

En principio, Kicillof podría buscar alguna fisura en la Cámara Alta: necesita que al menos tres senadores opositores le den quórum. Pero esa conversación no comenzará con ellos, sino con los intendentes radicales, que tienen necesidades de gestión y controlan a senadores de ese signo político en el bloque de JpC. Habrá que ver si juegan un rol parecido a los gobernadores en el tratamiento de la ley nacional de “Solidaridad”. (DIB)

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