Por el Dr. Marcelo H. Echevarría

Abogado (UBA), Especialista en Derecho Penal (UB) – Autor e investigador nacional e internacional

 

 

Diferentes medios periodísticos informaron la inminente decisión política impulsada desde el gobierno local a fin de transformar o readecuar la estructura existente en la actualidad, concebida originariamente para la construcción de un hospital público, a fin de convertirlo en un estacionamiento.

Un grupo de vecinos autoconvocados, históricos de la localidad, han manifestado con mucha vehemencia y enojo su enérgico repudio a esta iniciativa.

Merece reproducir lo opinado por el  reconocido dirigente empresario pilarense Daniel Castro, el cual sostuvo: “Pilar necesita un nuevo hospital y no hay que verlo desde la prepaga, como hablan muchos, sino desde la gente que va a hacerse atender al hospital”.

A su vez, un histórico vecino, comerciante y dirigente pilarense Alfredo Ventura en una charla sostuvo que: “es impensable no agotar todos los recursos del Estado, sean municipales o provinciales, para brindar salud al ciudadano de Pilar. La gente no puede pagar prepagas y es allí donde debe aparecer el Estado. A todo esto no se entiende que con las carencias en servicio de salud que padece la localidad, quién podría pensar en la construcción de un estacionamiento cuando originariamente lo que se planificó era un hospital público”

A pesar de lo fructíferas que son estas discusiones, toda vez que se involucran ciudadanos emitiendo sus propias opiniones y defendiendo sus ideales, en un ejemplo de total educación cívica, la política ya ha tomado su decisión y, a mi criterio, lejos se encontraría de retrotraerse la misma (esperando equivocarme, lo cual me causaría mucha alegría que así sea).

Efectivamente, las autoridades elegidas por el pueblo mediante nuestro voto y en total democracia han decidido llevar adelante este proyecto.

¿Por qué preanuncio que, a mi entender, no rectificarían esta decisión? Analizando las decisiones llevadas adelante por la política local, la respuesta es obvia.

¿Por qué deberían hacerlo si cuando tuvieron la oportunidad de rectificar una iniciativa de menor significación como lo fue abstenerse de derogar la norma que prohibía algo tan primario y primitivo como el tendido de cables aéreos en una localidad, no lo hicieron?

Mientras que en la Ciudad de Buenos Aires rige la ley 1877 del año 2005 obligando a las empresas a soterrar sus cables, en Pilar, contrariamente en el año 2018, se legalizó el tendido de cables aéreos y colocación de postes en la vía pública.

Con este solo antecedente, ¿Pensarán los vecinos autoconvocados que las mismas autoridades rectificarían la iniciativa de llevar adelante la construcción de un estacionamiento en lugar del hospital?

No soy un vecino histórico legitimado para participar en las reuniones a las que acuden los hombres y mujeres que nacieron, se criaron y constituyeron sus vidas y una historia en la localidad, a la cual la vieron crecer.

Pero, en esta grandiosa etapa de civismo en donde todos podemos opinar porque es la propia democracia la que así lo establece,  mi intención es elevarles la siguiente sugerencia.

Sostienen los concejales que la estructura del “elefante blanco” pilarense no resistiría la construcción de un hospital, “por ser inservible la losa inconclusa”. Profesionales privados capacitados en esta temática opinan lo contrario.

Pues bien, soliciten al concejal que sostuvo esa posición el fundamento técnico en que se basó para afirmar lo que expuso públicamente, porque sería impensable y nada serio con el consecuente descrédito que acarrearía políticamente, que un concejal de Pilar exponga acerca de temas técnicos sin fundamento científico que lo avale (llámese estudio previo suscripto por profesional matriculado que así lo determine, entre otros).

El pueblo tiene derecho a conocer los fundamentos de las decisiones que adoptan sus representantes y, si la losa o la estructura no sería apta o sería “inservible”, los ciudadanos que pagamos nuestros impuestos, tenemos el derecho de conocer los fundamentos técnicos que avalan esa afirmación.

De darse a conocer el estudio técnico que habría determinado la no factibilidad de la estructura edilicia a fin de ser afectada a un hospital, los profesionales privados entendidos en el tema podrán determinar si el estudio presenta o no consistencia técnica formulando las observaciones que entiendan necesarias a tales fines, y este ida y vuelta consolidaría el diálogo entre el gobierno local y vecinos autoconvocados o entidades civiles que participen de la discusión.

Ahora bien, en caso que la autoridad local no suministre los informes técnicos en que se basaron para afirmar la no factibilidad de la estructura edilicia a fin de ser afectada a un hospital, les sugiero salir de la órbita municipal o local y peticionar ante las autoridades del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a los fines que, ante el ministerio respectivo donde se encuentran los profesionales idóneos en materia de infraestructura edilicia, verifiquen el estado actual de la estructura existente y si es o no apta para el funcionamiento del centro de salud pública, tal como fue concebido, emitiendo su dictamen al respecto.

Y si la realidad es que no se construye porque no hay partida presupuestaria para ello, no miremos para atrás investigando el motivo toda vez que, a mi entender, perderían su tiempo.

Contrariamente,

Nada les impide elevar una nota a la Sra. Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires suscripta por todos los interesados y las fuerzas vivas de la comunidad solicitándole que, conjuntamente con su equipo técnico, evalúe de qué manera se podría a futuro previsionar una partida presupuestaria para lograr la inauguración del Hospital que tanto desea y necesita el pilarense.

Lo antedicho, con independencia si la jurisdicción es municipal o provincial, toda vez que la salud pública va más allá de cualquier tema jurisdiccional o de donde se originen los fondos para solventarla.

La salud pública constituye uno de los derechos humanos fundamentales, que son aquellos que existen con anterioridad a la sociedad y al Estado, ya que corresponden a la persona humana por su condición de tal y por el sólo hecho de serlo.

El propio Presidente de la Nación sostuvo días atrás que se avecinan tiempos difíciles en lo económico. Pensemos que muchas familias deberán desistir de la medicina prepaga y volcarse a la pública, considerando los importantes aumentos mensuales que contemplan aquellas.

Por ello, antes de convertir en un estacionamiento una estructura afectada a la salud pública (cuyo déficit en Pilar es notorio y públicamente conocido), hubiese sido lo atinado que las autoridades locales hubiesen agotado todas las medidas conducentes a fin de poner en valor al hospital y no viceversa, decidir la puesta en valor de un estacionamiento para luego construir el hospital.

Consecuentemente, la pregunta del inicio no es irónica. La prioridad es: ¿el estacionamiento o la salud pública?

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