Por Rosario Beláustegui, consejera escolar del Frente Pilarense

 

En un año que para la educación pública no fue fácil, por estos días este gobierno le sumó un golpe más: el cierre de los profesorados de Historia y Geografía en el Instituto Superior de Formación Docente (ISFD) Nº51 de Pilar. “Pilar no necesita tantos docentes de Historia y Geografía” fue la triste declaración de la Subsecretaria de Educación local una semana antes de la oficialización del cierre. Y poniendo, una vez más, la lógica del mercado por encima de la de la inclusión, el desarrollo o el futuro, le cortó las alas a cientos de estudiantes que vieron frustrado su proyecto profesional.

Hoy los y las jóvenes piden que no les quiten su derecho a estudiar. Pero a principio de año, cuando Ducoté permitió el cierre de los bachilleratos, fueron también los adultos los que pidieron que no se les sacara la oportunidad de terminar la secundaria. Y en pleno invierno, fueron 15.000 chicos y chicas -y sus familias-, quienes levantaron la voz con el mismo reclamo. Porque, como consecuencia de la falta de mantenimiento, más de 30 escuelas estuvieron cerradas, algunas hasta tres meses, y los chicos y chicas en sus casas, en lugar de estar en la clase.

El saldo es más que negativo para la educación pública de Pilar. Porque, además, a todo eso se sumó que, en un contexto donde las necesidades de alimentación crecieron, los estudiantes de las Escuelas Técnicas de doble jornada no recibieron sus viandas, lo que obligó a muchos jóvenes a dejar la escuela para ponerse a trabajar o porque sus familias ya no podían sostenerles la escolaridad. Se sumó también el vaciamiento del Fondo Educativo, utilizándolo para pagar los altos sueldos de sus funcionarios, pero sin destinar un sólo peso de los que les correspondía a las escuelas. Se sumaron las falsas promesas: de las 19 obras que a Ducoté le correspondía hacer, sólo una fue realizada y dos están en ejecución. Y el pasado 3 de diciembre, se agregó la aprobación de un presupuesto municipal 2019 en el que la educación sufrió un recorte de más de $100 millones.

Insisto, el saldo es más que negativo. En tiempos en donde es necesario redoblar el compromiso con la educación pública y la justicia social, este gobierno, la desprotege. Y no se puede hablar de “importancia de la educación” cuando las políticas que se implementan son de recorte y de ajuste. Porque la educación es un derecho, y desfinanciarla, o cerrarle puertas, no es darle prioridad sino permitir un retroceso que pone cada vez más lejos el sueño de un mejor futuro.

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