La crisis financiera y productiva de Granja Tres Arroyos comenzó a tener un impacto directo en Pilar, tanto sobre el patrimonio de la familia propietaria como sobre la situación laboral de una de sus principales plantas en el distrito. En las últimas semanas, la Justicia ordenó medidas sobre un inmueble ubicado en Highland Park Country Club vinculado a los De Grazia, mientras que en la fábrica de La Lonja se analiza el despido de entre 40 y 50 trabajadores, luego de un mes de suspensión para toda la dotación.

La empresa, controlada por la familia De Grazia, atraviesa una compleja situación financiera, con reclamos de acreedores, pedidos de quiebra y ejecuciones judiciales, mientras intenta avanzar en una reestructuración de deuda que alcanza los 350,9 millones de dólares.

En ese marco, uno de los expedientes judiciales que involucra a Granja Tres Arroyos derivó en el embargo de distintos inmuebles que deberán ser afectados a la medida en caso de que los registros confirmen que son propiedad de Joaquín De Grazia, presidente del grupo, o de Elba Elisa De Grazia.

Entre los bienes señalados por la Justicia se encuentra una vivienda ubicada en el Highland Park Country Club, en Pilar, además de un departamento y una cochera sobre la avenida Francisco Beiró, en la Ciudad de Buenos Aires, y un terreno en Canning.

La medida fue dispuesta por el Juzgado Nacional en lo Comercial N°19, a cargo del juez Gerardo Santicchia, a partir de una ejecución promovida contra Granja Tres Arroyos y sus garantes por una deuda de $1.194,95 millones, a la que se suman otros $600 millones estimados provisoriamente en concepto de intereses y costas.

La resolución establece que los embargos deberán concretarse sobre los inmuebles denunciados siempre que se confirme su titularidad. Por el momento, el juzgado no hizo lugar al pedido de inhibición general de bienes en este expediente y dejó abierta la posibilidad de analizarlo posteriormente, una vez que se conozca el resultado de los embargos.

Inmueble en Highland Park

La situación patrimonial en Pilar también aparece en un segundo expediente, iniciado contra Avex SA, otra de las sociedades vinculadas al grupo. Allí se reclama una deuda de 115.000 dólares, más otros 34.500 dólares calculados provisoriamente para intereses y costas.

El juez Diego Manuel Paz Saravia, del Juzgado Comercial N°16, ordenó el embargo de dos unidades ubicadas en la avenida Francisco Beiró y también del usufructo que Elba Elisa De Grazia posee sobre un inmueble situado en Highland Park Country Club.

En este caso, además, la Justicia dispuso una inhibición general de bienes sobre Avex y cinco personas vinculadas al grupo: Elba Elisa De Grazia, Inés Magallanes, Joaquín De Grazia, Marcelo Carlos De Grazia y Romina Paola Elizabeth Pato.

Las medidas reflejan el avance de los reclamos judiciales sobre el patrimonio relacionado con el grupo empresario. Mientras un embargo recae sobre bienes determinados, la inhibición general limita la posibilidad de disponer de bienes registrables de las personas y sociedades alcanzadas.

Incertidumbre laboral en La Lonja

A la presión financiera se suma ahora la preocupación por el futuro de los trabajadores de la planta que Granja Tres Arroyos posee en La Lonja, una de las unidades productivas que la compañía mantiene en el distrito.

Según trascendió, la empresa analiza avanzar con entre 40 y 50 despidos sobre una dotación aproximada de 300 trabajadores. La eventual reducción de personal se produce después de un mes de suspensión general de las actividades, que profundizó la incertidumbre entre los empleados.

La planta Pinazo dejó de funcionar el 3 de agosto, en el marco de una suspensión que había sido establecida inicialmente hasta el 31 de ese mes. Durante ese período, la compañía se comprometió a abonar el 65% de los salarios correspondientes al tiempo de suspensión.

Ahora, con el regreso de la actividad y frente al escenario financiero que atraviesa la empresa, surgió la posibilidad de que se produzca un recorte de personal que alcanzaría a entre 40 y 50 trabajadores. La situación genera preocupación entre los empleados y vuelve a poner a la planta ubicada en Pilar en el centro de la crisis que atraviesa el grupo.

La situación de La Lonja se suma a una serie de medidas que impactaron sobre otras instalaciones de Granja Tres Arroyos y sus empresas vinculadas. En Capitán Sarmiento, la compañía suspendió las operaciones desde el 31 de agosto "hasta nuevo aviso", mientras que en Tristán Suárez se produjo el cierre de la planta, con 200 desvinculaciones sobre una dotación de 270 trabajadores.

Una deuda de US$350,9 millones

El deterioro de la situación de la compañía se refleja además en sus compromisos financieros. En el caso de Granja Tres Arroyos, el pasivo bancario supera los $42.400 millones, mientras que la empresa acumula 5.652 cheques rechazados por más de $86.400 millones.

A esto se suman cuatro pedidos de quiebra promovidos por distintos acreedores y numerosos juicios ejecutivos para intentar recuperar deudas. Entre los acreedores que iniciaron acciones aparecen ID Group S.A., Fradei S.A., ASA Tala S.A. y Centro de Distribución Sur S.R.L.

En paralelo, la empresa intenta alcanzar un acuerdo con sus acreedores para reestructurar una deuda total de US$350,9 millones, con VALO como asesor financiero. La propuesta contempla quitas de hasta el 75% del capital, plazos de pago de hasta siete años, la incorporación de nuevos inversores y la venta de al menos cinco activos considerados no estratégicos.

En este escenario, la crisis dejó de ser exclusivamente financiera. Las medidas judiciales ya alcanzan bienes vinculados a integrantes de la familia propietaria, entre ellos un inmueble en Highland Park, Pilar, mientras que las dificultades operativas comenzaron a repercutir directamente sobre los trabajadores.

Para La Lonja, la posibilidad de 40 a 50 despidos representa un nuevo capítulo de incertidumbre para una planta que cuenta con unos 300 empleados y que acaba de atravesar un mes de suspensión total. El desenlace dependerá de las próximas decisiones de la empresa y de la evolución de la reestructuración de deuda, en un contexto en el que los reclamos judiciales de los acreedores continúan multiplicándose.