Mientras el Gobierno Nacional decidió extender el plazo de la licitación para privatizar AySA, uno de los empresarios que más interés manifestó en participar del proceso realizó un movimiento societario que amplía las posibilidades de una de sus principales compañías. Se trata de Mauricio Filiberti, propietario de Transclor y accionista de Edenor, quien modificó el objeto social de la empresa química para habilitarla expresamente a realizar inversiones y participar en compañías prestadoras de servicios públicos.

La decisión fue adoptada durante una asamblea extraordinaria de Transclor realizada el 19 de agosto, pocos días antes del vencimiento original establecido para la presentación de ofertas por AySA, y quedó formalizada mediante una publicación en el Boletín Oficial de la Nación el viernes 28 de agosto.

La reforma no menciona específicamente a AySA ni establece que Transclor vaya a utilizar esas nuevas facultades para participar de su privatización. Sin embargo, el cambio adquiere particular relevancia por el momento en que fue aprobado y por la relación comercial que la compañía de Filiberti mantiene desde hace años con la principal prestadora de agua y saneamiento del país.

Entre las modificaciones incorporadas al estatuto, Transclor quedó facultada para efectuar inversiones de capital y aportes financieros, así como para participar de manera directa o indirecta en sociedades y empresas, ya sea por cuenta propia, a través de compañías controladas o vinculadas o mediante asociaciones con terceros.

Además, podrá adquirir acciones, títulos y valores y realizar operaciones comerciales y financieras relacionadas con esas inversiones. El nuevo texto incluye una referencia específica a la posibilidad de participar "en especial" en personas jurídicas prestadoras de servicios públicos, aunque excluye las actividades comprendidas por la Ley de Entidades Financieras y aquellas que impliquen captar ahorro del público.

De proveedor de AySA a potencial inversor

El movimiento cobra especial importancia por la posición que ocupa Transclor en la cadena de abastecimiento de AySA. La compañía desarrolla desde comienzos de la década de 1990 actividades vinculadas con la producción, comercialización y distribución de derivados de cloro-soda y otros productos químicos utilizados por distintas industrias.

Su principal establecimiento está ubicado en el Parque Industrial de Pilar, donde cuenta con una capacidad de producción informada de unas 100.000 toneladas anuales.

La empresa también posee una planta en Bernal dedicada a la producción de policloruro de aluminio (PAC o PCA), un producto utilizado como coagulante en los procesos de tratamiento de agua para remover impurezas.

La propia Transclor señala que las inversiones realizadas en esa unidad productiva le permiten abastecer de policloruro de aluminio a las plantas potabilizadoras operadas por AySA. A esto se suma la provisión de cloro líquido, otro insumo fundamental para la desinfección del agua antes de su distribución a los usuarios.

La relación comercial entre ambas compañías quedó expuesta en distintos procedimientos de contratación. En 2023, por ejemplo, Transclor fue la única oferente en una licitación de AySA por alrededor de 127 millones de dólares para la operación y mantenimiento de la planta de policloruro de aluminio de Bernal y el suministro del producto. El procedimiento fue cuestionado por dirigentes opositores y posteriormente anulado.

AySA realizó luego una nueva compulsa para la operación, mantenimiento y provisión de PAC, por unos 115 millones de dólares, en la que participaron Transclor y PPE Argentina.

Más recientemente, en diciembre de 2024, el directorio de AySA aprobó una ampliación de 5,35 millones de dólares de una orden de compra correspondiente a la provisión de cloro líquido para potabilización a favor de Transclor.

En este contexto, la modificación del objeto social abre una posibilidad que hasta ahora no estaba expresamente contemplada en el estatuto: que la compañía que históricamente actuó como proveedora de AySA pueda eventualmente transformarse en inversora y participar, directa o indirectamente, de una empresa de servicios públicos.

El interés de Filiberti

La eventual participación en AySA también se inscribe en la trayectoria de Filiberti dentro de sectores regulados. El empresario integra junto con Daniel Vila y José Luis Manzano el grupo de accionistas que controla Edenor, la principal distribuidora eléctrica del norte y oeste del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Una eventual inversión en AySA permitiría profundizar su presencia en el negocio de los servicios públicos y supondría un salto significativo respecto de la relación comercial que Transclor mantiene actualmente con la compañía estatal.

La escala de AySA explica parte del atractivo del proceso. La empresa presta servicios de agua potable y saneamiento en la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense, dentro de un área de más de 3.300 kilómetros cuadrados en la que viven más de 15 millones de personas.

Según los datos de la compañía, alrededor de 11,5 millones de habitantes reciben agua potable y unos 9,7 millones cuentan con servicio de saneamiento. La infraestructura comprende más de 25.500 kilómetros de redes de agua y cerca de 19.000 kilómetros de redes cloacales, además de plantas potabilizadoras, establecimientos depuradores, estaciones de bombeo y otras instalaciones.

Actualmente, el Estado Nacional posee el 90% del capital de AySA, mientras que el 10% restante corresponde a los trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada.

Una privatización con exigencias

La Ley Bases declaró a AySA sujeta a privatización y el Gobierno avanzó posteriormente con la modificación de su marco regulatorio y un nuevo contrato de concesión. En mayo, el Ministerio de Economía convocó a la Licitación Pública Nacional e Internacional de Etapa Múltiple 504/2-0003-LPU26, mediante la cual se busca transferir a un único operador estratégico la totalidad de las acciones pertenecientes al Estado.

Pero para Filiberti, el principal desafío no pasa únicamente por disponer de la estructura financiera necesaria para participar, sino también por cumplir con las exigencias técnicas establecidas para los potenciales operadores.

Durante el proceso surgieron consultas vinculadas con los antecedentes requeridos a los interesados. El Gobierno estableció que los participantes deben acreditar experiencia tanto en servicios de agua potable como de desagües cloacales, con una trayectoria mínima de cinco años en el sector.

Por ese motivo, una eventual propuesta encabezada por Filiberti debería contar con un socio especializado que aporte la experiencia sanitaria requerida. En las últimas semanas, distintos grupos interesados avanzaron en conversaciones para conformar asociaciones que permitan cumplir con las condiciones previstas en el proceso licitatorio.

Entre los interesados aparecen también el Grupo Roggio, con antecedentes en el sector a través de Aguas Cordobesas; Sabesp, uno de los mayores operadores sanitarios de América Latina y responsable del servicio en el estado brasileño de San Pablo; y Aegea Saneamento, uno de los principales operadores privados de Brasil.

El escenario se modificó esta semana cuando el Gobierno decidió prorrogar el cronograma de la privatización. Las ofertas que originalmente debían presentarse el 27 de agosto ahora podrán ser entregadas hasta el 15 de septiembre, fecha en la que se realizará la apertura correspondiente.

La decisión fue adoptada por el Ministerio de Economía, que justificó la extensión en la necesidad de promover una participación amplia y garantizar los principios de concurrencia, competencia, publicidad y transparencia.

La prórroga le otorga algunos días adicionales a los grupos que todavía terminan de definir sus estructuras societarias y comerciales. Para Filiberti, el nuevo plazo también extiende el período disponible para completar una eventual asociación con un operador sanitario y evaluar una propuesta por AySA.

Así, mientras avanza el proceso de privatización, Transclor -una empresa con fuerte presencia industrial en Pilar y una relación comercial consolidada con AySA- incorporó formalmente a su estatuto la posibilidad de participar en empresas de servicios públicos. El cambio no confirma que Filiberti vaya a presentarse por AySA, pero constituye una señal concreta de que el empresario prepara su estructura societaria para ampliar el alcance de sus inversiones justamente cuando se define quién quedará al frente de uno de los servicios públicos de mayor escala del país.