La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) expresó su firme rechazo al incremento de la presión impositiva que -según advirtió- están aplicando diversas jurisdicciones del país, con especial referencia al reciente aumento de la Tasa de Protección Ambiental del Municipio de Pilar. La entidad consideró que la medida, que en algunos casos implica hasta un 2% sobre la facturación de los comercios, se inscribe en un fenómeno "extendido" de voracidad fiscal que afecta la actividad económica en todo el territorio argentino.

En un comunicado, la CAC señaló que Argentina viene atravesando, desde hace décadas, un marco de elevada y creciente presión tributaria, impulsada por un gasto público en expansión que llevó a los distintos niveles de gobierno a aplicar nuevos gravámenes. Esta situación, afirmaron, recae sobre un sector privado "exhausto" y conviviente con una economía donde la informalidad agrava el escenario del contribuyente cumplidor, poniendo en riesgo la viabilidad de múltiples actividades productivas y, con ellas, el empleo formal.

La entidad destacó que la administración nacional inició hace dos años un proceso gradual de reducción de impuestos, con recortes y eliminaciones de tributos que busca no afectar el equilibrio fiscal. En ese marco, el reciente anuncio de una baja en los derechos de exportación fue valorado como un paso más hacia una estructura tributaria menos distorsiva.

Frente a este contexto, la CAC hizo un llamado a las provincias y municipios para que eviten nuevos incrementos impositivos y revisen los ya implementados. A su vez, instó a que se avance en políticas de eficiencia del gasto y combate a la evasión, con el objetivo de generar condiciones que favorezcan la inversión, el empleo privado y el crecimiento económico.

Pedido formal al intendente de Pilar

En línea con estas consideraciones, la Cámara envió una nota al intendente de Pilar solicitando la derogación de la Tasa de Protección Ambiental recientemente modificada en la Ordenanza Fiscal 2026 (artículos 323 a 331). Según la entidad, el tributo pasó de un monto fijo por operación a una alícuota que va del 0,98% al 2% por cada venta, sin mínimos establecidos.

La CAC advirtió que la tasa presenta una "dudosa constitucionalidad", ya que -señala- no cumple con los requisitos que caracterizan a una tasa: la prestación de un servicio al contribuyente y la correspondencia entre el costo del servicio y el valor cobrado. Además, cuestionó que el nuevo esquema toma como base imponible las ventas, lo que la transforma "en un impuesto encubierto".

El comunicado también alerta sobre el impacto económico que la medida tendrá en los comercios de Pilar, que deberán agregar el tributo al precio final, encareciendo sus productos respecto de los oferentes de distritos vecinos y generando una pérdida de competitividad. A la vez, remarcó que el diseño del tributo recae sobre el consumidor como sujeto pasivo, mientras que los comerciantes -designados como agentes de percepción- podrían enfrentar dificultades para cuestionar la medida administrativa o judicialmente.

Finalmente, la CAC sostuvo que la decisión del Municipio "contrasta" con la política nacional de reducción de impuestos impulsada por el Gobierno, respaldada -según indicó- por la ciudadanía en las últimas elecciones legislativas.

Por todo esto, la entidad pidió al intendente Federico Achával que arbitre los medios necesarios para derogar la Tasa de Protección Ambiental, en beneficio de los consumidores y del desarrollo económico del distrito.