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El juez federal de Zárate Campana, Adrián González Charvay, citó a declaración indagatoria al exintendente Nicolás Ducoté y a 21 ex funcionarios nacionales y municipales.
Las audiencias comenzarán este martes con Ducoté y se realizarán vía Zoom por la pandemia y se extenderán hasta el 25 de junio.
Entre los citados se encuentran Iván Kerr, ex secretario de Vivienda de la Nación y Mariana Klemensiewicz, ex secretaria de Infraestructura Urbana del ministerio nacional. También tendrán que declarar en indagatoria Guillermo Iglesias, ex Secretario de Obras Públicas; Federico Iván Leonhardt, ex Director General de Vivienda y Crédito; Juan Pablo Martignone, ex Jefe de Gabinete; Marcelo Sfeir, ex Director de Obras Civiles; Ignacio Azarola, ex letrado de la Municipalidad; Cecilia Cabrera, ex Secretaria de Hacienda; Osvaldo Caccaviello, ex funcionario de Obras Públicas; Sandra Sosa, ex Subsecretaria de Obras Públicas y Fabián Arias, ex Director de Compras.
La Justicia federal investiga irregularidades en tres convenios diferentes firmados en 2016 por el ministerio que estaba a cargo de Rogelio Frigerio y la gestión ducotista que recibía dinero para obras mientras el ministerio nacional debía supervisar la ejecución de los proyectos.
Una de las causas es por la entrega de microcréditos con fondos del gobierno nacional para asistir a vecinos de bajos recursos y en situación de vulnerabilidad social para que hicieran mejoras en casas precarias y acceder a servicios básicos de infraestructura como agua potable, cloacas, gas y electricidad.
Según publicó Infobae, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) cuestionó –entre otras cosas- el modo en que se entregaron los fondos por parte del Estado nacional porque fueron realizadas sin las correspondientes comprobaciones de avance de obra y sus respectivas rendiciones de cuentas tal como establecía el convenio.
La fiscalía que encabeza Sergio Rodríguez señaló que “lejos de efectuar una correcta distribución de los recursos que les fueron girados desde las arcas nacionales, los funcionarios municipales discrecionalmente, fueron generando gastos y costos que conllevaron la distracción de fuertes sumas de dinero destinada a los ciudadanos del Municipio de Pilar, en manos de empresas ya sea de gas o conformadas por el Municipio, o bien programas provinciales que de ninguna manera ameritaban a la percepción de partes de los recursos acordados para las mejoras de las viviendas”.
Además, la investigación puso la lupa sobre un proyecto para urbanizar el barrio Monterrey de Presidente Derqui, donde se propuso renovar un corredor central, proveer agua corriente y cloacas, construir plazas y adecuar veredas, entre otras cosas.
“La PIA cuestionó el modo en que se realizó la licitación que le otorgó el contrato a la Unión Transitoria de Empresas (UTE) formada por las firmas Vialme S.A., Servicios y Gestión S.A. y Alpin S.A. Según se desprende del dictamen de Rodríguez algunas de las obras comprometidas no se terminaron en tiempo y forma”, informó Infobae.
Por último, la Justicia apunta a la planta cloacal del barrio Peruzzoti que generó no pocos cuestionamientos de la oposición encabezada en ese momento por el hoy intendente Federico Achával.
“Nada de lo relativo a la planta depuradora que fuera licitada y adjudicada por el Municipio de Pilar de la Provincia de Buenos Aires, fue construido pero sí certificado y cobrado por la empresa adjudicataria, quien se alzó con la suma de $14.135.30,93”, apunta el expediente judicial
El fiscal Rodríguez aseguró a Infobae que “como conclusión, no solo debe considerarse que el Estado Nacional pagó por obras que no se hicieron, sino que a su vez incluyeron sobreprecios que permitieron que a más de un año de recibida se tenga una planta depuradora modular con sus bombas y demás componentes sin ningún tipo de aplicación depositadas en playas del Municipio”.
“A través de estos tres convenios específicos, celebrados entre el 28/4/2016 y el 29/7/2016 de 2016, se ha acordado entregarle al Municipio de Pilar recursos nacionales por la suma total de $460.829.737. Como quedó acreditado del estudio de los distintos convenios tales transferencias dinerarias fueron aprovechadas a los fines de generar beneficios indebidos con el consecuente desfalco a las arcas del Estado Nacional, quien en estos casos fue quien hacía el aporte para solventar los beneficios sociales con los cuales se justificó la obtención de las partidas presupuestarias”, denuncia la fiscalía.
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