Clausuraron la granja de rehabilitación San Antonio

Ubicada en Villa Rosa hace años tenía denuncias de la CPM por violación de los derechos humanos y tres muertes dudosas. Nicolás Perrone, el administrador, amenazó con un arma a los jóvenes internados allí y los mantenía bajo el efecto de diversas pastillas. El Ministerio de Salud le quitó la habilitación al lugar.

Las granjas de rehabilitación, hace tiempo ya, que están en el ojo del escrutinio debido a las constantes violaciones a los derechos humanos hacia quienes fueron internados allí. En 2017 nuestro distrito tuvo la clausura de la granja San Camilo, ubicada en Presidente Derqui, y el libro “La Comunidad”, del periodista Pablo Galfré, destapó los horrores que se vivían dentro de aquel edificio.

La lucha no terminó allí y desde la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunciaron reiteradas violaciones de los derechos humanos en San Antonio, otra granja de rehabilitación ubicada en Villa Rosa.

Tres años después de que la CMP realizara las denuncias, San Antonio fue clausurada  luego de que su administrador, Nicolás Perrone,amenazara con un arma de fuego a los jóvenes que se encontraban allí internados.

Desde 2013, allí fallecieron tres pacientes en circunstancias dudosas, y si bien se había solicitado el cierre del lugar, solo se consiguió una clausura provisoria por problemas edilicios.

Nicolás Perrone está detenido tras ser denunciado penalmente por las propias familias de los jóvenes a quienes amenazó y hasta mantenía bajo el efecto de diversas pastillas, según pudieron contar luego de salir de San Antonio.

En uno de los testimonios incorporados a la causa, según especifica Página 12, un paciente asegura que eran medicados con un cóctel de etumina, nozinan, risperidona y clonazepam.

Del episodio incluso hay videos que llegaron a manos de Galfré, quien decidió notificar lo ocurrido a la CPM que intervino presentando la denuncia en la UFI N° 3 de Pilar y se ordenó  el allanamiento de la granja: fue secuestrada una Taurus 9 milímetros, proyectiles y el chaleco antibalas utilizado por Perrone, que espera su juicio.

El 7 de abril la Comisión presentó un habeas corpus colectivo entendiendo que los chicos que habían quedado en la comunidad estaban en riesgo, pero éste fue rechazado por el Juzgado de Garantías Nº 6, a cargo de Nicolás Ceballos. Ceballos había rechazado el pedido también en el 2018.

El lugar fue finalmente clausurado a instancias del Ministerio de Salud provincial, que dio de baja la habilitación de San Antonio. 

Pablo Galfré, que se ha metido a fondo en la investigación de esta problemática, propone crear una unidad especial que investigue estos casos. “En los últimos años me fui enterando de varios fallecimientos más, casi todos en Pilar salvo uno que es de La Plata. Hay muchos casos en comunidades terapéuticas y hay un vacío total por parte del Estado, las muertes en contexto de encierro en salud mental están naturalizadas bajo la idea de que el pibe adicto se suicidó porque la adicción lo llevó a eso. Claramente no es así. Incluso en casos donde quizás no hay un acto criminal, hay que investigar si hubo negligencia”, dijo.