Hace algunas semanas, la Agencia de Recaudación Bonaerense (ARBA) informó que se habían detectado 96.738 metros cuadrados sin declarar en un reconocido country de Pilar, el cual está constituido por 13 barrios cerrados.
En ese marco, con 412 viviendas y 240 piletas, se afirmó que se estaban evadiendo tributos por casi 12 millones de pesos.
Esa es la realidad que ha llevado al Gobierno bonaerense a oficializar la decisión de reempadronar las urbanizaciones cerradas asentadas en el territorio de la provincia, con el objetivo de regularizarlas.
Mediante la resolución publicada en el Boletín Oficial, se creó “una nueva etapa del Empadronamiento y Puesta a Norma de Conjuntos Inmobiliarios Consolidados con carácter final”. Medida con la cual se busca convocar a unos 600 countries a regularizar su situación dominial.
Vale señalar que en el territorio bonaerense, sólo 343 de los 1.070 barrios cerrados y urbanizaciones nuevas existentes están en regla, mientras que un total de 97 están en proceso de normalización. Asimismo, casi la mitad de los barrios cerrados registrados se encuentran en los distritos de Pilar, Tigre y Escobar.
Con esta norma, se estableció que el plazo de inscripción al empadronamiento ya ha comenzado y finalizará el 31 de marzo de 2021. Podrán acceder los titulares de dominio o representantes legales de clubes de campo y barrios cerrados, que por el grado de consolidación no puedan obtener convalidación técnica final.
Se remarcó que “aquellos poseedores de parcelas, lotes de terreno, unidades funcionales o privativas de urbanizaciones que se encontraren en infracción, y cuyos titulares de dominio no se hubieran inscripto en el empadronamiento, podrán manifestar su interés en ingresar desde el 1 al 30 de abril de 2021, debiendo acreditar haber intimado en forma fehaciente al titular de dominio y los responsables del desarrollo a inscribirse”.
En tanto, se apuntó: “La irregularidad de la consolidación de estos desarrollos es exponencial, motivo por el cual es imperioso resolver la situación en términos finales, compromiso al cual se debe arribar tanto desde el Estado provincial y municipal como de la voluntad unívoca del sector privado”.
Y concluyeron señalando que este tipo de infracción, “también repercute en la esfera tributaria, al postergarse la instancia de aplicación de la metodología de valuación adecuada técnicamente para captar el valor inmobiliario involucrado (...) generando situaciones de inequidad impositiva frente a las cuales el Estado no quiere ni puede ser indiferente”.
Dejar un comentario