Por Dr. Marcelo H. Echevarría

Abogado (UBA) – Especialista en Derecho Penal (UB)

A diario informan los medios acerca de individuos que cometen delitos atroces, muchas veces de carácter pasional, por lo cual nos preguntamos: ¿Qué falla en nuestra sociedad para que la comisión de esos ilícitos no puedan prevenirse?

Veamos algunos ejemplos tomando en cuenta noticias recientes dando cuenta de la comisión de delitos de diferente gravedad dados a conocer a la opinión pública:

1) Vecina que asesina a otra por discusiones.

2) Médico anestesista habría golpeado salvajemente a una mujer.

3) Parricidio.

4) Masacre de Hurlingham.

5) El homicidio de dos mujeres israelíes

6) Asesinato a 200 metros del Congreso de un funcionario público y un diputado nacional.

Los seis hechos elegidos al azar, entre otros innumerables que suceden casi a diario, no contemplan ilícitos de similares características, toda vez que fueron mencionados a título de ejemplo.

Pero, si bien estos hechos aberrantes dan cuenta desde masacres, pasando por un parricidio, dos homicidios calificados y culminando con un homicidio a un funcionario público y a un diputado nacional a 200 metros del Congreso de la Nación Argentina, lo cierto es que, previamente al acontecimiento, existe un mínimo común denominador en todos ellos, el cual da cuenta que la faz preventiva al hecho ilícito no funcionó o directamente no existió.

El último de los hechos y de actualidad, da cuenta que un automóvil con dos ocupantes estuvo estacionado por espacio de media hora en inmediaciones del Congreso de la Nación Argentina.

Impunemente, los ocupantes del rodado dispararon más de diez tiros a dos personas que caminaban por la vía pública (el funcionario público y el diputado nacional ambos asesinados).

Luego de los disparos, se bajó el delincuente del auto, miró a los sujetos baleados por espacio de segundos y, acto seguido, volvió a subirse a su auto.

Luego, bajará nuevamente del automóvil y del lado del conductor saldrá una segunda persona, cruzará la ancha avenida caminando  tranquilamente y escapará.

No existió prevención alguna al momento del hecho. No sirvieron ni las cámaras instaladas en la vía pública como tampoco su monitoreo.

Todo lo sucedido aconteció ante una inexistente presencia policial, reitero, a 200 metros del Congreso Nacional y a las 7 de la mañana aproximadamente. Ambos ciudadanos asesinados se encontraban indefensos.

Con solo observar detenidamente las grabaciones que son de público conocimiento, podrán ver al diputado nacional herido de gravedad por impacto de bala pidiendo ayuda por espacio de minutos en plena vía pública, mientras que uno de los asesinos estaba a su lado, mirándolo de manera indiferente, como si nada sucedería.

Luego llega un solo agente policial y el asesino se retira impune y tranquilamente con su vehículo.

Uno de ellos, luego de consumado el ilícito, se pudo evadir de la autoridad por espacio de 24 horas, siendo detenido en la provincia de Entre Ríos. El otro delincuente llegó a la República Oriental de Uruguay  en donde fue detenido, encontrándose a la espera de su extradición a la Argentina.

Ahora bien, si asesinaron a un diputado nacional y a un funcionario público a 200 metros del Congreso Nacional, es lógico que cualquier ciudadano  se pregunte ¿Qué sucederá con nosotros ante un hecho delictivo? Entiendo que no existe respuesta alguna.

Sólo impera ante estos casos aberrantes la impotencia, la indignación, la decepción y la terrible certeza que el Estado no se encuentra presente a la hora de proteger al ciudadano, toda vez que, de así haberlo realizado, el automóvil estacionado con dos ocupantes por espacio de media hora podría haber sido pasible de una identificación previa de la autoridad policial o, ante el estallido del primer tiro, se hubiesen presentado decenas de policías en el lugar del hecho, lo cual lejos estuvo de acontecer.

Los restantes hechos revisten aristas diferentes.

En el caso de la vecina presunta homicida, las mismas noticias dan cuenta que en innumerables ocasiones vecinos dieron aviso a la autoridad policial denunciando no solo agresiones verbales sino eventual tenencia de armas.

En el caso del médico legista que habría producido a una mujer lesiones graves, en oportunidades anteriores sus vecinos habían realizado denuncias por variados signos demostrativos que esa persona presentaba rasgos proclives a la agresión.

Respecto a la masacre de Hurlingham, la esposa del presunto homicida ya había radicado denuncias por violencia de género.

Entonces, muchos lectores de esta publicación seguramente vivieron, viven o padecen situaciones similares a las descriptas y sienten un alto grado de impotencia toda vez que realizaron la denuncia pertinente pasando esta inadvertida, lo cual constituyó una pérdida de tiempo toda vez que ni la autoridad policial ni la justicia actuó.

Por lo tanto, nadie se encuentra exento de tener un vecino, pareja o familiar con trastornos psicológicos en donde la convivencia se torne imposible por los signos de peligrosidad para terceros que representa su conducta.

Ante esto, deberíamos tener una política de prevención que actúe al instante una vez denunciado el hecho a los fines de evaluar el grado de riesgo de ese individuo ya sea teniendo como antecedente trastornos psicológicos que padecería o por la peligrosidad que representaría su persona.

Hasta que ello no suceda estaremos día a día analizando las características del delito consumado y lejos estaremos de analizar diferentes políticas preventivas a fin que estos hechos de gravedad desciendan a su mínima expresión.

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