Por Mag Gustavo Giacomo, economista. Profesor de economía de la Universidad Austral

 

La necesidad de captar recursos, cada vez más escasos debido a las restricciones presupuestarias por la crisis económica, y la mayor exigencia de mostrar resultados ha obligado a muchas administraciones públicas a buscar nuevas fórmulas de financiamiento que ofrezcan al contribuyente información sobre los resultados alcanzados. El sistema de subvenciones para financiar acciones sociales de gran impacto no sólo merma por la falta de recursos, sino también por culpa de posibles errores sistémicos en la gestión de políticas públicas, los incentivos, la transparencia y la rendición de cuentas.

Cabe mencionar que el mecanismo de financiamiento y articulación púbico-privada para la puesta en marcha y testeo de programas sociales se presenta como una novedosa y colaborativa manera de avanzar hacia mayores niveles de innovación social, flexibilidad, impacto y transparencia en las políticas públicas, dándole respuestas efectivas a las problemáticas sociales aún pendientes y no resueltas.

Por ello, lo que parece indudable es que los BIS han iniciado una senda de cambio, a nivel global, en la cultura de la administración pública moderna y el gasto social efectivo; un camino hacia la responsabilidad en la consecución de resultados; y han abierto un sano e interesante debate sobre cuál es la mejor forma de resolver financieramente los problemas sociales.

En cuanto a la novedad de este modelo, se encuentra no sólo en vincular la financiación a la obtención de resultados, sino a que el gobierno, mediante su compromiso de pagar a cambio de resultados, logra incentivar la participación de inversores privados en la financiación de los programas sociales.

 

¿Qué son los Bonos de Impacto Social?

 

Los bonos de impacto social son un mecanismo de financiamiento innovador para programas sociales que condiciona el pago al impacto que los programas logren. Como tal, estos incrementan el enfoque en resultados medibles, aceleran la opción de innovación social e incentivan operadores de alto rendimiento. Al medir los resultados mediante una evaluación rigurosa e independiente, los financiadores de estos programas saben que es lo que su dinero está comprando, lo que le permite descubrir y adoptar programas de alto impacto y medir costo-efectividad de manera más eficiente.

A diferencia de los contratos tradicionales, el pagador de programas sociales, normalmente el Gobierno, algún banco multilateral de crédito o alguna fundación, pagará a los operadores del servicio sólo si alcanzan los resultados esperados. Por ejemplo: en lugar de pagar a una organización sin ánimo de lucro trabajando en un proyecto de nutrición infantil por el número de chicos que asisten al comedor y finalicen el programa, el contrato sería pagado de acuerdo a una medición rigurosa que consistiría en la cantidad de niños que al final se encuentren en peso y talla ideal para su edad.

¿Cómo funciona este bono? A través de un novedoso mecanismo de financiación llamado Bonos de Impacto Social (BIS) funcionan como otros títulos de deuda, ofreciendo una tasa de retorno, pero esa ganancia está sujeta a un objetivo social o medioambiental concreto que pueda ser evaluado.

¿En qué cosiste el BIS? El Bono de Impacto Social (Bis) consiste en un contrato de pago por éxito entre la administración pública y el sector privado, destinado a financiar programas sociales de alto impacto. Las partes interesadas colaboran en identificar el problema social concreto que desean abordar y la población objetivo, definen los resultados que se proponen alcanzar, y especifican los indicadores que se utilizarán para cuantificar y medir el éxito alcanzado.

Los fondos aportados por los inversores sociales se emplean en el pago del costo del programa de intervención diseñado a tal efecto. Si el resultado del programa es el esperado, la administración pagará a los inversores, además del capital inicial, una rentabilidad financiera previamente acordada y asociada al grado de éxito del programa. Por regla general, se fija un objetivo mínimo a conseguir y un retorno máximo, en el caso de que los resultados superen los objetivos fijados a priori. Dado que, la administración pública paga sólo si la intervención es exitosa, estos bonos ayudan a mitigar el riesgo de que los programas elegidos no generen los resultados esperados y suponen una gestión más eficiente del gasto público.

¿Qué ventajas tiene este bono? La gran ventaja con este tipo de mecanismo de financiamiento para el Estado o municipio es que paga solamente por resultados. Además, hay que destacar que sirve porque permite probar soluciones alternativas a los problemas sociales sin desembolsar fondos de entrada ya que se paga al final y en función al resultado.

¿Por qué tendría que interesarle a un inversor? Lo interesante de los BIS es que son una solución sustentable y eficiente en el tiempo. Teniendo en cuenta que cuando una empresa quiere ayudar normalmente lo hace a través de una donación, pero eso está muy lejos de darle sustentabilidad en el tiempo al proyecto que quieren apoyar.

En cambio, con los BIS como la empresa recibe una ganancia puede reinvertir en el proyecto y además sus áreas de RSE pueden trabajar en alianza con el Estado, las ONGs y las universidades (en el rol de evaluadoras del resultado del proyecto), y al tener metas claras, concretas y medibles, se hace más eficiente ese proceso.

 

Principales actores

 

  1. Administración pública. Define los resultados sociales a obtener y por los cuales remunerará a los inversores sociales con la devolución del capital inicial más una tasa de rentabilidad acordada según los resultados obtenidos.
  2. Inversores sociales. Proporcionan el capital inicial necesario para financiar la intervención y asegurar el éxito de la operación con el objetivo dual de obtener rentabilidad social y financiera.
  3. Proveedores de servicios sociales. Implementan una serie de intervenciones enfocadas en una población objetivo con la finalidad de alcanzar los resultados trazados.
  4. Gestor del proyecto. Reúne a los distintos actores interesados en el problema y actúa como gerente del proyecto, organizando el diseño, la estructura, la negociación y la ejecución del contrato entre el Gobierno, los proveedores del servicio y los inversores.
  5. Evaluador independiente. Determina si el programa financiado ha logrado alcanzar el impacto social preestablecido, de cara al pago de los inversores sociales

 

Ventajas

 

Administración pública. Las principales ventajas de este innovador instrumento financiero para las administraciones públicas son: la eficiencia de la gestión de los fondos púbicos, el rigor en la prestación de los servicios y la medición de su impacto y por sobre todas las cosas, el fomento de la innovación social.

Inversores sociales. Incorporando a los BIS en su plataforma de responsabilidad social (RSE), los inversores obtienen los siguientes logros: contribución al cambio social, una novedosa e innovadora propuesta para sus áreas de Responsabilidad Social Empresaria y una forma híbrida de rentabilidad social y financiera.

Proveedores sociales. Las entidades sociales que prestan servicios se refuerzan y profesionalizan gracias a la obtención de fondos y garantías de sostenibilidad del proyecto en los años de vigencia del contrato y por la promoción de programas que ofrecen soluciones innovadoras.

Gestor del proyecto. Consolidación del proceso a través de la intermediación y coordinación de los diferentes actores.

Evaluador independiente. Garantía certificada del cumplimiento de los objetivos de impacto social establecidos.

 

Ejemplo práctico de aplicación del BIS

 

Un Estado quiere resolver un problema de desempleo juvenil en cierta ciudad. Emite un bono que ofrece una X tasa para quien quiera invertir en capacitar y emplear a un grupo de target de jóvenes. El inversor y el Estado se ponen de acuerdo y eligen a un “proveedor de servicio”, normalmente una ONG que se dedicara a la capacitación e inserción laboral de esos jóvenes. También se elige a un evaluador. Por ejemplo, una consultora o una universidad que será la encargada de medir el éxito de los objetivos.

Los réditos económicos de los inversores sociales vienen directamente atados a los objetivos y suelen ser metas escalonadas. Así, por ejemplo, si ese grupo target completa su capacitación, el inversor obtiene X renta. Si logra conseguir un trabajo, el porcentaje aumenta; y si al cabo de un año esos jóvenes siguen empleados, la ganancia sube aún más.

 

Breve historia del bono

 

Esta herramienta surgió en el Reino Unido en 2010 con el nombre Social Impact Bond, donde bond hace referencia al vínculo que nace del lazo entre distintos actores que trabajan en un mismo objetivo. Actualmente se está empleando para abordar distintas problemáticas sociales en 22 países. Ya existen más de 108 bonos en fase de implementación representando una inversión aproximada de u$s 392 millones.

Lo novedoso de este instrumento financiero tiene que ver con el cambio de paradigma que promueve este modelo ya que impulsa a actores sociales que no suelen trabajar de forma coordinada a unirse para resolver una problemática social. También, lo positivo con que cuentan los BIS tiene que ver con que rompe definitivamente con la tradicional forma que emplea el Estado para financiar proyectos a través del sector privado. Generando así, mayor eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos. Ejerciendo un control en conjunto entre, el Estado y las organizaciones de la sociedad civil que participan.

Las municipalidades son tierra fértil para este tipo de propuesta innovadoras. Considero que, si logramos como municipio probar el modelo en fase de prueba piloto con una acción social concreta de baja densidad donde participen todos los actores anteriormente mencionados. Apoyándonos, en ejemplos exitosos de otras ciudades, podremos instalar esta nueva manera de trabajo en conjunto entre el sector público, privado, las ONGs y las universidades. Dándole así, a esta modalidad de financiamiento privado carácter de política pública para que pueda extenderse en el largo plazo y ser una opción más a contemplar a la hora de llevar a cabo un proyecto de inversión social.

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