La organización Vecinos Unidos por Pilar dio a conocer un comunicado en el que manifiesta su preocupación por una nueva decisión judicial que permite el funcionamiento transitorio de la Central Termoeléctrica Matheu III. Según informaron, el Juzgado Federal de Campana dispuso extender por tres meses la autorización excepcional para que la planta continúe operando, pese a la existencia de una medida cautelar que desde 2017 ordena su suspensión por motivos ambientales y sanitarios.

De acuerdo con el planteo de la entidad vecinal, aquella cautelar fue ratificada en 2021 por la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, que ajustó su pronunciamiento conforme a los criterios fijados por la Corte Suprema en materia de protección del ambiente y aplicación del principio precautorio. En este contexto, sostienen que la nueva resolución judicial habilita nuevamente la actividad de la central a partir de ayer hasta el 5 de mayo de 2026, con dos turbinas en funcionamiento y en un horario principal de 9 a 21, contemplando la posibilidad de extender la operación fuera de esa franja con autorización del organismo encargado del despacho eléctrico.

El fallo se apoya en la continuidad de la emergencia energética nacional, que se encuentra prorrogada hasta julio de este año, así como en informes técnicos vinculados al sistema eléctrico. Sin embargo, desde la organización señalan que la resolución no incorpora estudios ambientales o sanitarios recientes ni mediciones independientes sobre posibles impactos, como niveles de ruido, vibraciones o emisiones.

Otro de los puntos señalados por el colectivo vecinal es la falta de proyecciones actualizadas sobre la demanda energética en los próximos meses. Argumentan que el descenso estacional de temperaturas suele ir acompañado de una disminución del consumo, por lo que consideran necesario un análisis técnico que justifique la extensión de la autorización excepcional durante el período que abarca el inicio del otoño.

En el comunicado también se advierte que las sucesivas prórrogas no establecen un plazo final ni condicionan la continuidad del funcionamiento a la obtención de habilitaciones ambientales definitivas. A criterio de la organización, este esquema genera que lo que fue planteado como una solución provisoria termine consolidándose en el tiempo, lo que, según afirman, debilita el alcance de la medida cautelar vigente.

Desde Vecinos Unidos por Pilar reiteraron que la emergencia energética no debería implicar la ausencia de controles ambientales ni el apartamiento de los lineamientos fijados por la Corte Suprema y aplicados por la Cámara Federal de San Martín. La entidad anticipó que continuará siguiendo el desarrollo de la causa y difundiendo información sobre el impacto de las decisiones judiciales en la comunidad local.