La crisis laboral en la planta de Granja Tres Arroyos ubicada en La Lonja atraviesa su momento más delicado. Los 300 operarios que aún permanecen en sus puestos aseguran que la situación empeoró en los últimos meses y que la empresa no ha brindado respuestas claras a un conflicto que comenzó a hacerse visible en septiembre, pero que se arrastra desde mucho antes. El principal eje del reclamo sigue siendo el mismo: los salarios llegan en cuotas y, en ocasiones, se completan recién después de varias semanas.

Desde hace casi un año, el pago fraccionado se convirtió en una práctica habitual. En algunos casos, los sueldos se depositan en cinco tramos diferentes a lo largo del mes, generando una enorme dificultad para planificar gastos básicos y sostener la economía familiar. Las estimaciones de los propios empleados indican que, en lo que va del año, la pérdida salarial real ronda el 11 por ciento, cifra que se volvió prácticamente imposible de compensar en un contexto de inflación y costos crecientes. Ante ese deterioro, muchos se vieron obligados a aceptar paritarias a la baja por temor a represalias o a la pérdida definitiva de su fuente de trabajo.

El malestar se amplifica por otras situaciones igualmente graves: denuncian descuentos cuando realizan medidas de fuerza y complicaciones para cobrar las vacaciones. Todo esto ocurre en un clima de tensión que, según afirman, parte de la empresa aprovecha para avanzar en un proceso de precarización. En la planta pilarense, la dotación se redujo de 450 a 300 trabajadores en un lapso relativamente corto, lo que para los empleados es una muestra del ajuste en marcha.

El caso de Pilar no es un hecho aislado. Plantas que Granja Tres Arroyos posee en diferentes localidades de la provincia de Buenos Aires y en Entre Ríos atraviesan conflictos similares. En todos los establecimientos, los trabajadores aseguran que la compañía sigue el mismo patrón: reducción de personal, pagos en cuotas y una negociación sindical condicionada por el temor.

Uno de los puntos que genera mayor inquietud es la proximidad del mes de diciembre. En ese momento vence el procedimiento preventivo de crisis que la empresa presentó el año pasado ante las autoridades laborales. Si bien la compañía tiene la facultad de solicitar su renovación, los trabajadores no saben si ese paso implicará un esquema aún más restrictivo o si se mantendrá el actual sistema de pagos fragmentados. La incertidumbre, señalan, se volvió parte de la rutina diaria.

Entre los empleados, también existe preocupación por el contexto nacional. Algunos creen que la firma podría estar aprovechando los cambios impulsados por el gobierno de Javier Milei, entre ellos las reformas laborales incluidas en la Ley Bases, para avanzar en un abaratamiento de costos que repercute directamente sobre los salarios y las condiciones de trabajo. Aunque la empresa no lo expresa públicamente, los operarios sienten que ese marco jurídico se utiliza para justificar medidas que, en otro contexto, encontrarían mayor resistencia.

La planta continúa funcionando, pero lo hace en medio de un ambiente de tensión constante. Cada depósito parcial, cada descuento y cada rumor sobre el futuro inmediato alimentan un clima de ansiedad que, aseguran, nunca antes habían vivido de esta manera. Mientras esperan definiciones sobre el preventivo de crisis, los trabajadores insisten en un reclamo que, para ellos, es tan básico como urgente: cobrar su sueldo completo y en tiempo. Todo lo demás pasó a ser un objetivo que sienten cada vez más lejano.