El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y titular del CEAMSE, Claudio "Chiqui" Tapia, ratificó este miércoles su denuncia penal por extorsión contra dirigentes de la Coalición Cívica y, al declarar bajo juramento ante la Justicia, se desligó por primera vez de una de las acusaciones más sensibles en su contra: negó cualquier vínculo con la mansión ubicada en Pilar que es investigada por su presunto origen patrimonial irregular.

"Yo no tengo nada que ver con la casa de Pilar", afirmó Tapia en referencia a la propiedad situada en la localidad de Villa Rosa, valuada en unos 17 millones de dólares, a lo que se suma una colección de 54 vehículos de alta gama y de colección hallados en el lugar. Según el expediente, la titularidad de la mansión figura a nombre de Ana Conte y Luciano Pantano, señalados como presuntos testaferros, quienes habrían adquirido el terreno a través de la firma Real Central SRL.

La investigación por esta propiedad está a cargo del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, luego de haber pasado por distintos juzgados del fuero Penal Económico y de Comodoro Py. Hasta el momento, ningún magistrado imputó formalmente a Tapia ni a otros dirigentes de la AFA en esta causa.

En su declaración, el presidente del fútbol argentino sostuvo que las denuncias en su contra forman parte de un "apriete" vinculado a su rol al frente del CEAMSE, y no a su gestión deportiva. En ese marco, denunció por extorsión a los dirigentes de la Coalición Cívica Matías Yofe y Facundo Del Gaiso, a quienes acusó de actuar en connivencia con el empresario Leandro Camani.

Según consta en un escrito de 20 páginas presentado por Tapia, las recientes acusaciones sobre su patrimonio y su desempeño al frente de la AFA serían una represalia por haber frustrado un negocio millonario vinculado al sistema de fotomultas, entre agosto y septiembre del año pasado. De hecho, la denuncia por presiones se incorporó a una investigación previa que ya se tramitaba contra Yofe por otro presunto caso de extorsión, en la que Camani había sido mencionado como financista del dirigente de la CC.

La declaración de Tapia se produjo ante la UFI N° 3 de Pilar, donde fue convocado como testigo del delito que denunció. Allí relató que el conflicto se inició cuando el CEAMSE detectó la instalación de cámaras de fotomultas en la autopista Camino del Buen Ayre sin autorización legal ni respaldo contractual vigente. Explicó que, si bien el directorio anterior había dejado constancia de la colocación de esos dispositivos en el tramo que une la Panamericana con el Acceso Oeste, la nueva gestión nunca validó ese permiso ni halló documentación que avalara su funcionamiento.

Ante la inexistencia de una licitación adjudicada, Tapia aseguró que decidió interrumpir el suministro eléctrico de las cámaras para forzar a las empresas responsables a presentar la documentación correspondiente, algo que, según afirmó, nunca ocurrió. También aclaró que el Camino del Buen Ayre es propiedad del CEAMSE y no una concesión tradicional, por lo que cualquier instalación requiere una autorización expresa del organismo, inexistente en los registros legales.

A partir de esa decisión administrativa, Tapia denunció haber sufrido hostigamientos y presiones. Identificó a Leandro Camani, titular de la firma Secutrans, como la persona que exigía la restitución del servicio eléctrico a los equipos de fotomultas. Bajo juramento, sostuvo que Camani lo amenazó con "salir en todos los medios" y con difundir información sobre su vivienda en el partido de Pilar si no accedía a sus reclamos.

El titular del CEAMSE vinculó esas amenazas con una campaña mediática en su contra y afirmó que Camani cuenta con influencia pública por haber adquirido derechos relacionados con los premios Martín Fierro. También recordó que Secutrans participó de una licitación en 2023 que fue dada de baja y que, tras perder un amparo judicial, el empresario volvió a recurrir a presiones públicas para sostener su negocio.

En paralelo, Tapia respondió a las acusaciones junto a su abogado defensor, Gregorio Dalbón, quien sostuvo que existe "un esquema de presiones ilegítimas, amenazas coactivas y maniobras extorsivas orientadas a condicionar decisiones institucionales, con un claro trasfondo económico". El letrado solicitó que se investigue no solo a Camani y a los dirigentes de la Coalición Cívica por extorsión, sino también por amenazas coactivas, defraudación, administración fraudulenta y la posible conformación de una asociación ilícita.

"Lo que hoy quedó incorporado al expediente no es una controversia mediática ni una disputa de versiones, sino una denuncia penal seria, ratificada bajo juramento, que describe un mecanismo extorsivo organizado", sostuvo Dalbón, al tiempo que aseguró que a partir de ahora cada vínculo y circuito económico será analizado por la Justicia para determinar las responsabilidades penales correspondientes.