El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, se presentó ante la Justicia bonaerense para denunciar haber sido víctima de una maniobra de extorsión que, según afirmó, fue encabezada por el empresario Leandro Camani con la participación de dos dirigentes de la Coalición Cívica, Matías Yofe y Facundo Del Gaiso.

La denuncia quedó plasmada en un escrito de 20 páginas presentado ante el Juzgado de Garantías N° 7 del Departamento Judicial de San Isidro, en el que Tapia sostuvo que las recientes acusaciones sobre su patrimonio y su gestión al frente de la AFA no fueron casuales, sino una represalia directa por haber bloqueado un negocio millonario vinculado al sistema de fotomultas en la provincia de Buenos Aires, entre agosto y septiembre del año pasado.

De acuerdo a la presentación realizada por su abogado, Gregorio Dalbón, el conflicto se originó a partir del rol de Tapia como director de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana (CEAMSE). Allí, según relató, Camani -a través de la empresa Secutrans S.A.- buscó ampliar su participación en el negocio de la recaudación por infracciones viales, solicitando autorización para instalar y renovar cámaras de fotomultas en rutas y predios administrados por el CEAMSE.

Tapia afirmó que rechazó de manera categórica el pedido al considerar que implicaba habilitar el manejo de un flujo de fondos estatales de alto impacto. "Me negué de manera expresa y categórica a autorizar tanto la instalación de nuevas cámaras como el recambio de las existentes, manteniendo una decisión firme", señaló en el escrito judicial.

Tras esa negativa, siempre según la denuncia, las gestiones formales habrían dado paso a presiones y mensajes intimidatorios. Tapia aseguró que Camani, mediante intermediarios, lo habría amenazado con impulsar denuncias penales falsas en su contra si no habilitaba el negocio. "El contenido del mensaje no dejaba margen de duda, estableciendo una alternativa extorsiva clara: o se habilitaba el negocio solicitado, o se iniciaría una ofensiva judicial", expresó.

Esa supuesta ofensiva es, para el titular de la AFA, el origen de las causas judiciales que surgieron en su contra en los últimos meses, entre ellas la denuncia presentada por los dirigentes de la Coalición Cívica Matías Yofe y Facundo Del Gaiso, quienes cuestionaron la presunta adquisición de una mansión en Pilar a través de testaferros.

Tapia sostuvo que Yofe y Del Gaiso actuaron como ejecutores de una estrategia diseñada por Camani, a quien señaló como el organizador de la maniobra y su principal beneficiario económico. Incluso remarcó que existe una investigación paralela contra Yofe por otro presunto caso de extorsión, en el que Camani ya habría sido mencionado como financista.

En su presentación, el presidente de la AFA también denunció prácticas que consideró de extrema gravedad, como la filmación de domicilios particulares mediante drones y la posterior difusión de esas imágenes en televisión. Según afirmó, estas acciones vulneraron su intimidad y expusieron a su familia con el objetivo de generar temor y desgaste institucional.

Como parte de la causa, Tapia solicitó diversas medidas de prueba, entre ellas allanamientos en los domicilios y oficinas de Camani, Yofe y Del Gaiso, con el fin de secuestrar teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos. Además, pidió pericias informáticas para analizar comunicaciones, correos electrónicos y registros de ubicación que permitan reconstruir la presunta planificación de la extorsión.

Finalmente, ofreció el testimonio de dos personas que habrían presenciado las amenazas o actuado como intermediarios, solicitando que declaren bajo identidad reservada por temor a represalias.

"Lo que se denunció no es un hecho aislado. Estamos frente a una maniobra de extorsión estructurada, con un pedido económico concreto, una negativa legítima y, como represalia, denuncias penales y una operación mediática para presionar decisiones institucionales", sostuvo Dalbón, quien remarcó que el objetivo es que los hechos sean investigados en el ámbito judicial y se determinen las responsabilidades correspondientes.