La investigación que involucra a una lujosa propiedad en Pilar, y que generó un fuerte revuelo político y judicial por su presunta vinculación con la cúpula de la AFA, entró en una etapa definitoria. Las próximas horas serán cruciales para determinar qué juzgado quedará finalmente a cargo del expediente iniciado tras la denuncia de la Coalición Cívica por supuesto lavado de dinero.

El proceso comenzó en el juzgado federal de Daniel Rafecas, pero el magistrado consideró que debía tramitarse bajo el fuero Penal Económico. Con ese criterio, derivó las actuaciones al Juzgado 10, actualmente vacante, pero a cargo en forma interina de Marcelo Aguinsky. Sin embargo, durante su licencia, ese despacho quedó en manos de Javier López Biscayart, quien rechazó asumir el caso y sostuvo que la competencia corresponde a Rafecas, por lo que decidió devolverle el expediente.

Ante esta situación de conflicto, Rafecas enviará este martes la disputa a la Cámara Federal de Comodoro Py, la única autoridad capaz de definir de manera definitiva quién deberá conducir la investigación. Mientras se espera una resolución que, según fuentes judiciales, podría conocerse esta misma semana, el magistrado sigue siendo quien lleva adelante el trámite de manera provisoria y ya ordenó un conjunto de diligencias para avanzar sin perder tiempo.

Entre las medidas dispuestas el viernes pasado, Rafecas instruyó a la Policía Federal a establecer consignas permanentes en los accesos a la mansión. El objetivo es identificar a todas las personas que ingresan y salen del predio y documentar mediante fotografías los movimientos de objetos o materiales que pudieran resultar relevantes para la causa. Además, solicitó la intervención de un perito tasador de la Corte Suprema y otro del Colegio de Martilleros de San Isidro para determinar el valor real de la propiedad, un dato clave para analizar la presunta maniobra de lavado.

La voz de los vecinos

Para muchos residentes de El Overo I y II, la presencia policial en torno a la mansión no hizo más que confirmar comentarios que circulaban desde hacía meses. Sin mediar señales previas, la construcción avanzó con una velocidad poco habitual para la zona, lo que despertó preguntas y suspicacias entre quienes viven en este sector de Villa Rosa.

"Esto se levantó todo en un año: se hizo la mansión y, a la par, la calzada de la calle, lo que llamó la atención de inmediato", relató Alejandro, vecino del barrio. Su testimonio coincide con el de otros vecinos que, aunque afirman desconocer quiénes son los verdaderos propietarios, señalan un detalle que consideran imposible de pasar por alto: la aparición repentina de un asfalto nuevo que llega exactamente hasta el borde del predio investigado.

A unos 600 metros de la mansión, las calles vuelven a convertirse en terreno de tierra, bordeadas por casas humildes, parcelas aún sin terminar y un ritmo barrial marcado por el trabajo cotidiano. "Este es un barrio de trabajadores, seguro para vivir, por eso empezó a poblarse lentamente. Pero es un barrio humilde que se está haciendo con esfuerzo, en lotes pequeños; después más allá hay propiedades de otras características", explicaron en contacto con La Nación.

La tensión creció la semana pasada, cuando un grupo de vecinos que caminaba por la zona fue detenido por personal de seguridad privada. "Fue cuando comenzó todo el revuelo de la causa. Habíamos salido a caminar, porque este es un barrio tranquilo, y cuando pasamos por la puerta, la seguridad privada del predio nos empezó a interrogar", contó una mujer de El Overo II, sorprendida por lo inusual del episodio.