La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Pilar (SCIPA) publicó una carta abierta dirigida al intendente Federico Achával en la que manifestó su "profunda preocupación" y "firme rechazo" a la reciente implementación de la actualización de la Tasa de Protección Ambiental, establecida en la Ordenanza Tarifaria 2026. La medida fija un recargo del 2% y 0,98% sobre el total del ticket de compra en determinados rubros comerciales del distrito y generó un fuerte rechazo del sector empresario, así como una intensa controversia a nivel nacional.

Según sostuvo la entidad, la tasa fue aplicada "sin consulta previa" y "sin diálogo institucional", lo que -según remarcan- constituye un retroceso en términos de previsibilidad fiscal, articulación público-privada y competitividad regional. "Nos enteramos por los medios de comunicación", lamentó SCIPA, señalando que la decisión desvaloriza el rol de las cámaras empresarias.

La cámara advirtió que la nueva tasa generará múltiples efectos adversos para el comercio local:

Aumento de costos no trasladables en un contexto de contracción del consumo.

Pérdida de competitividad frente a municipios vecinos como Escobar, Malvinas Argentinas o Benavídez, hacia donde -según alertan- podrían migrar compras mayoristas.

Doble imposición, al gravar actividades que ya tributan otras cargas.

Falta de contraprestación: la ordenanza no detalla qué acciones ambientales financiará lo recaudado.

SCIPA remarcó que la medida podría generar una ruptura en la circulación de dinero dentro del distrito, afectando el empleo, la actividad de proveedores y la estabilidad del ecosistema económico local.

Fuerte cruce político con Caputo

La discusión escaló a nivel nacional luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, calificara de "irresponsable" al intendente Achával y llamara a los ciudadanos a "no comprar en Pilar".

El funcionario citó una nota periodística y advirtió que el incremento impositivo encarece todos los productos un 2%. "No avalen el accionar irresponsable de su intendente", publicó en redes sociales, respaldando la postura de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU).

Caputo agregó que la medida contradice el objetivo nacional de reducir impuestos para mejorar la competitividad: "Mientras trabajamos para bajar impuestos, los intendentes kirchneristas los suben como si nada".

Reclamos del sector y pedidos de modificación

La ASU también solicitó una audiencia "urgente" con el municipio y advirtió sobre los perjuicios de la tasa:

Afectará especialmente la venta de productos de alto valor como electrodomésticos.

Reducirá ventas en pleno mes de fiestas, cuando aumenta el consumo.

Creará "competencia desleal" entre comercios que venden los mismos productos, pero no están obligados a percibir la tasa.

El sector pidió que, en caso de mantenerse la medida, su entrada en vigencia se prorrogue hasta marzo de 2026, para permitir adecuar los sistemas.

SCIPA pide revisión urgente y apertura de diálogo

En su carta, SCIPA aclaró que no se opone a políticas ambientales, pero reclamó que cualquier carga económica adicional debe basarse en diálogo previo, un estudio de impacto y un plan transparente, garantizando que lo recaudado se destine exclusivamente a acciones ambientales verificables.

"Esta medida impacta de lleno en los bolsillos del ciudadano pilarense, quien terminará migrando sus compras a otros distritos", alertó la entidad. Además, recordó que la declaración pública del ministro Caputo "repercutió en todo el segmento comercial e industrial del distrito", agravando la situación.

La cámara concluyó solicitando la revisión de la ordenanza o la creación inmediata de una mesa de diálogo institucional, al tiempo que reafirmó su disposición a colaborar en "soluciones superadoras".

"Esta medida, lejos de proteger el ambiente, amenaza con frenar el consumo, el comercio y el empleo. Aún estamos a tiempo de rectificar el rumbo", advirtió SCIPA.