En medio de la preocupación generada por la aparición de carteles con amenazas en escuelas de la provincia de Buenos Aires, autoridades educativas y de seguridad mantuvieron una reunión con gremios docentes para definir acciones y reforzar los protocolos de actuación frente a situaciones de riesgo en establecimientos escolares.

El encuentro fue encabezado por la directora general de Cultura y Educación bonaerense, Flavia Terigi, y el ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso. También participaron representantes del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), quienes acercaron propuestas para abordar lo que definieron como "nuevas dificultades originadas en comunidades digitales que promueven acciones violentas".

Entre las iniciativas planteadas por los gremios se destacan la realización de jornadas institucionales para analizar la problemática, el fortalecimiento de políticas de salud mental destinadas a niñas, niños y adolescentes, instancias de formación para equipos directivos y docentes, espacios de trabajo con las familias y talleres con estudiantes. Además, propusieron convocar a instancias interministeriales y mesas intersectoriales en los distintos distritos.

Desde el área educativa confirmaron que avanzarán en la conformación de mesas intersectoriales para abordar situaciones conflictivas o violentas dentro del ámbito escolar, al tiempo que impulsarán una reunión interministerial para coordinar acciones y continuar con el monitoreo conjunto del fenómeno.

En paralelo, se reforzaron los lineamientos de actuación ante amenazas. El protocolo establece que, frente a mensajes que aludan a posibles tiroteos o a la presencia de armas, las instituciones deben actuar con rapidez, priorizando la protección de la vida y la integridad física y emocional de toda la comunidad educativa.

Ante la detección de amenazas, el personal deberá informar de inmediato al equipo directivo, que a su vez dará aviso a inspectores de enseñanza y autoridades distritales y regionales. Además, la dirección del establecimiento deberá realizar la denuncia correspondiente ante la fiscalía o dependencia judicial para iniciar una investigación.

El documento también subraya la importancia de resguardar los derechos de los estudiantes, evitando en una primera instancia su identificación en casos de mensajes intimidatorios detectados en carteles, inscripciones u otros soportes, incluidos los digitales.

Para situaciones de mayor gravedad, como la presencia de un estudiante con un arma dentro de la escuela, el protocolo indica que debe considerarse siempre como si estuviera cargada. En esos casos, se recomienda mantener la calma, intentar dialogar con el alumno y dar aviso inmediato al 911.

Asimismo, se sugiere procurar que el estudiante deje el arma en una superficie segura y, en el caso de armas de fuego, pedirle que retire el dedo del gatillo. Mientras tanto, se deberá evitar que otras personas manipulen el arma y designar a un adulto responsable para resguardar el aula hasta la llegada de las fuerzas de seguridad, que serán las encargadas de intervenir y retirar el arma del establecimiento.

Finalmente, el protocolo establece que el estudiante involucrado deberá quedar bajo custodia, con intervención de la familia y de la Justicia, en un marco que contemple tanto la seguridad como sus derechos.