El juez federal Daniel Rafecas avanzó en las últimas horas con una batería de medidas probatorias en la causa que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero relacionadas con la adquisición de una lujosa mansión en Pilar, atribuida a supuestos testaferros del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y del dirigente Pablo Toviggino. El inmueble, ubicado en Villa Rosa, quedó en el centro de la escena judicial mientras el magistrado busca determinar el origen de los fondos utilizados para su compra.

Según confirmó la Agencia Noticias Argentinas, Rafecas dispuso el levantamiento del secreto fiscal de Luciano Pantano, Ana Conte, Lucas Labbad y de la firma Real Central SRL, señalados en la denuncia presentada por la Coalición Cívica (CC) como posibles intermediarios en la operación inmobiliaria. Con esta medida, el juzgado accederá a toda la información fiscal e impositiva vinculada a los investigados y a la propiedad en cuestión, considerada clave para reconstruir la ruta del dinero.

Otra de las decisiones centrales del magistrado fue ordenar una valuación detallada de la mansión de Pilar, que incluirá la intervención de un perito tasador de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y otro del Colegio de Martilleros de San Isidro. Ambos deberán determinar el valor real del inmueble, su nivel de equipamiento y posibles discordancias entre la magnitud de la propiedad y la capacidad económica declarada de quienes figuran como titulares.

Mientras avanza la investigación, Rafecas también instruyó a la Policía Federal a colocar consignas en los accesos a la mansión. Los agentes deberán identificar a todas las personas que ingresen y salgan, además de registrar y fotografiar bienes muebles registrables que puedan encontrarse en el lugar. Esta medida responde a un pedido de la Coalición Cívica, que planteó la necesidad de preservar evidencia y evitar movimientos que obstaculicen la pesquisa.

La causa se originó a partir de una denuncia del espacio que lidera Elisa Carrió, que apuntó a posibles maniobras de lavado de activos mediante la compra de la propiedad, la cual -según sostienen- habría sido adquirida a través de terceros para ocultar a los verdaderos beneficiarios.

En paralelo a estas diligencias, el juez Rafecas enviará el próximo martes el expediente a la Cámara Federal para que determine si la investigación debe continuar en el fuero federal o -como plantean algunas de las partes- pasar al fuero penal económico, donde suelen tramitarse delitos vinculados a evasión fiscal y lavado de dinero a través de actividades comerciales.

Mientras tanto, la mansión de Pilar sigue siendo el punto neurálgico de una causa que promete seguir generando repercusiones en el mundo del fútbol y en el terreno político, a la espera de que los peritajes, registros y análisis fiscales comiencen a arrojar resultados concretos.