El debate sobre el impacto de la tecnología en la educación sumó un nuevo capítulo en la provincia de Buenos Aires, donde desde este lunes comenzó a implementarse la ley que prohíbe el uso de celulares en las aulas de las escuelas primarias.

La norma fue sancionada el 18 de septiembre de 2025 por la Legislatura bonaerense y responde a la creciente preocupación por los efectos negativos del uso excesivo de dispositivos digitales en el aprendizaje y el bienestar de los estudiantes. La iniciativa fue impulsada por los senadores Emmanuel González Santalla, de Unión por la Patria, y Lorena Mandagarán, del GEN.

La ley establece que los alumnos de nivel primario, tanto de escuelas públicas como privadas, no pueden utilizar pantallas durante su permanencia en los establecimientos educativos, salvo que su uso sea requerido por el personal docente con fines pedagógicos. La obligatoriedad alcanza a 1,5 millones de estudiantes bonaerenses. El Poder Ejecutivo contaba con un plazo de 180 días para reglamentarla tras su sanción definitiva.

La decisión no es inédita. En 2006, la entonces directora general de Cultura y Educación bonaerense, Adriana Puiggrós, había impulsado una prohibición similar, aunque en ese momento referida a celulares tradicionales. Esa restricción fue revertida diez años después, durante la gestión de Alejandro Finocchiaro.

La provincia se suma así a medidas similares vigentes en la Ciudad de Buenos Aires, Neuquén y Salta, así como en países como Francia, Brasil, Alemania, Noruega, China y algunos estados de Estados Unidos. En el caso porteño, el Ministerio de Educación que conduce Mercedes Miguel aplicó en agosto de 2024 una restricción durante las clases y, según informes oficiales, se registraron mejoras en la atención y en la interacción social durante los recreos.

Los impulsores de la norma citan datos preocupantes. Según un informe de la organización Argentinos por la Educación, basado en las pruebas PISA 2022, el 54% de los estudiantes argentinos de 15 años reconoce que se distrae en clase usando dispositivos digitales, mientras que el 46% afirma que se distrae por el uso que hacen sus compañeros, los porcentajes más altos entre los 80 países evaluados.

En el nivel primario, las pruebas Aprender muestran que el 46% de los alumnos de tercer grado no alcanza los niveles mínimos de lectura. Solo uno de cada dos estudiantes termina ese año comprendiendo lo que lee, y apenas el 43% llega a sexto grado en el tiempo esperado con aprendizajes satisfactorios en Lengua.

Los legisladores aclararon que la prohibición no busca excluir la tecnología de la escuela, sino promover un uso responsable y planificado, bajo la guía docente. El objetivo es fomentar hábitos saludables y evitar que las pantallas reemplacen actividades esenciales como el juego entre pares, la lectura y la interacción social.

Entre los argumentos a favor se citan informes de UNESCO y UNICEF, que advierten sobre los riesgos del uso excesivo de dispositivos electrónicos en edades tempranas. El Informe Global de Monitoreo de la Educación 2023 de la UNESCO alertó que, si bien las herramientas digitales pueden ofrecer ventajas, también implican riesgos que suelen ser subestimados y que afectan el proceso educativo.

El proyecto enumera posibles consecuencias del uso sin restricciones: problemas auditivos, visuales y posturales, estrés, sedentarismo, obesidad y dificultades en la socialización. También menciona la posibilidad de conductas impulsivas o agresivas y la reducción del tiempo destinado al estudio y la lectura.

Sin embargo, no hay consenso entre especialistas. Mientras algunos consideran que la restricción ayudará a mejorar la concentración y la convivencia escolar, otros advierten que podría aislar a la escuela del mundo digital en el que los niños y niñas ya están inmersos. El debate, lejos de cerrarse, promete continuar en las aulas y en la agenda educativa.