Por Felipe Zeballos Martínez, de la redacción de Resumen

El año 2025 quedará registrado como uno de los más duros para la historia industrial de Pilar. Lo que durante décadas fue presentado como un símbolo del desarrollo productivo del distrito, con industrias en expansión, llegada de inversiones y generación sostenida de empleo, comenzó a mostrar fisuras profundas que terminaron en cierres, despidos y conflictos de alto impacto social. La crisis no se expresó en un solo hecho aislado, sino en una seguidilla de decisiones empresariales que, en pocos meses, dejaron a casi un millar de trabajadores sin empleo y pusieron en discusión el modelo industrial vigente.

El cierre de plantas emblemáticas expuso una realidad que venía gestándose desde hace tiempo: producir en Pilar, y en buena parte del conurbano bonaerense, se volvió cada vez más difícil en un contexto de caída del consumo interno, apertura de importaciones, costos operativos elevados como las tasas municipales, y cambios en las estrategias globales de las multinacionales. El resultado fue un golpe directo al entramado productivo local y a la economía cotidiana de miles de familias que dependen, de manera directa o indirecta, de la actividad industrial.

Uno de los episodios más recientes y contundentes fue el de la multinacional Magnera. La empresa, especializada en materiales no tejidos y films utilizados en pañales y toallitas, apagó sus máquinas de manera abrupta en el Parque Industrial de Pilar. En plena jornada laboral, la producción se detuvo y 140 operarios quedaron en la calle, que se sumaron a otros 40 despedidos dos meses antes. En total, cerca de 200 puestos de trabajo se perdieron como consecuencia de una decisión que respondió a un plan global de reorganización productiva, conocido como Proyecto CORE, que concentró la actividad en México, Brasil y Colombia. Para Pilar, el impacto fue inmediato y profundo: otra persiana baja en una lista que no deja de crecer.

El caso de Kimberly-Clark amplificó aún más la sensación de derrumbe. Sin anuncios previos ni instancias de diálogo, la compañía comunicó el cierre definitivo de su planta en el Parque Industrial de Pilar mediante telegramas enviados durante un fin de semana. La medida dejó a 220 trabajadores despedidos y generó un clima de desconcierto y bronca entre el personal. Hasta el día anterior, la empresa había informado una suspensión transitoria de tareas por supuestos trabajos de mantenimiento. Al día siguiente, la fábrica dejó de existir.

En Pilar se elaboraban productos de consumo masivo y alta rotación: artículos de higiene femenina, toallitas descartables para bebés y marcas históricas del mercado argentino. Sin embargo, la multinacional decidió trasladar toda su producción a San Luis, donde anunció una inversión millonaria para los próximos años. La reubicación no incluyó a los operarios despedidos, que quedaron sin alternativas laborales en un mercado ya saturado por otros cierres y con escasas posibilidades de absorción inmediata.

Desde el Sindicato de Papeleros, la decisión fue calificada como arbitraria y se iniciaron acciones administrativas para exigir la reapertura o, al menos, mejores condiciones de indemnización. El conflicto dejó al descubierto una paradoja difícil de explicar para los trabajadores: mientras los productos que fabricaban registraban aumentos muy por encima de la inflación en los últimos años, la planta local era cerrada en nombre de la eficiencia y la competitividad.

La crisis tomó un cariz aún más dramático en la fábrica de porcelanatos ILVA. Allí, 300 trabajadores despedidos sostuvieron durante más de tres meses un acampe permanente frente a los portones de la planta en el Parque Industrial. Lejos de buscar una salida consensuada, la empresa presentó una propuesta judicial para reabrir con apenas 40 empleados, bajo un esquema laboral que implicaba salarios reducidos, eliminación de beneficios históricos y la pérdida de derechos básicos.

La respuesta de los trabajadores fue contundente. Rechazaron la iniciativa por considerarla una precarización total y reclamaron la reincorporación de toda la plantilla o el pago completo de las indemnizaciones, tal como establece la ley. Muchos de los despedidos cuentan con más de 15 o 20 años de antigüedad y superan los 40 años de edad, una combinación que los deja prácticamente fuera del mercado laboral formal. A esto se sumó la dificultad para reinsertarse en otras empresas del Parque, donde varios fueron rechazados por "estar en conflicto", profundizando aún más la exclusión.

El acampe de ILVA se transformó en un símbolo de resistencia obrera en Pilar. Sostenido por la solidaridad de sindicatos, organizaciones sociales, movimientos estudiantiles y vecinos, el conflicto puso en primer plano la dimensión humana de la crisis industrial. Detrás de cada número hay historias de familias que dejaron de cubrir necesidades básicas, proyectos personales truncos y una incertidumbre que se prolonga día tras día ante la falta de respuestas concretas.

El cierre de la planta de Whirlpool en Fátima terminó de completar un escenario crítico. La fábrica de lavarropas, inaugurada con grandes expectativas apenas tres años atrás, dejó de operar tras la decisión de la empresa de abandonar la producción local y volver a importar. El impacto alcanzó a unos 220 trabajadores, que iniciaron un proceso de desvinculación negociado con la Unión Obrera Metalúrgica en un contexto adverso para conseguir empleo en el sector.

La empresa argumentó que fabricar en Argentina dejó de ser conveniente frente a un escenario de apertura comercial, reducción de aranceles y aumento de importaciones. La paradoja es evidente: la planta había nacido como respuesta a las restricciones para importar y cerró cuando esas restricciones desaparecieron. Lo que quedó fue una estructura industrial desmantelada y un nuevo grupo de trabajadores desplazados.

Lo ocurrido en Pilar no es un fenómeno aislado ni casual. Es la expresión local de un proceso más amplio que atraviesa a la industria argentina, donde muchas actividades sobreviven con márgenes mínimos y dependen de condiciones excepcionales para sostenerse. Cuando esas condiciones cambian, el ajuste recae de manera directa sobre el empleo y los territorios donde esas fábricas están radicadas.

En Pilar, esa discusión dejó de ser teórica para convertirse en una experiencia concreta y dolorosa. Cada planta que cierra no solo implica máquinas detenidas, sino comercios que venden menos, alquileres que no se pueden pagar, escuelas que reciben familias golpeadas por la pérdida del ingreso y barrios enteros que sienten el impacto de la recesión industrial.

El 2025 marcó un punto de inflexión. La crisis industrial en Pilar ya no puede leerse como una sucesión de malas noticias, sino como una señal de alarma sobre la necesidad de repensar el rumbo productivo, el rol del Estado y las condiciones de competitividad real. Mientras tanto, el impacto social sigue creciendo y el futuro de miles de trabajadores permanece envuelto en una incertidumbre que, lejos de disiparse, parece profundizarse.