El Juzgado en lo Correccional N° 6 de San Isidro condenó a un ex fiscal, dos abogados y un testigo por su participación en lo que consideró una maniobra destinada a introducir pruebas falsas en la investigación del asalto a la vivienda de Sergio Massa y Malena Galmarini, ocurrido en 2013 en Tigre. Sin embargo, tras el veredicto, uno de los condenados, el abogado pilarense Tomás Ángel Pérez Bodria, cuestionó con dureza la sentencia y anticipó que apelará la decisión judicial.

El fallo, firmado por el juez Hernán Sergio Archelli, determinó que el exfiscal Carlos Washington Palacios, Pérez Bodria, Esteban Mauricio Español y César Emiliano Jaunarena actuaron de manera coordinada para beneficiar a Alcides Gorgonio Díaz -ya condenado por el robo- y debilitar las pruebas que sustentaron aquella sentencia. En ese marco, el tribunal consideró acreditado que se intentó instalar información falsa en el expediente y direccionar la investigación para cuestionar procedimientos policiales.

Por estos hechos, Palacios fue condenado a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos, mientras que Pérez Bodria y Español recibieron cinco años de cárcel e igual período de inhabilitación profesional. En tanto, Jaunarena fue sentenciado a cuatro años de prisión.

Tras conocerse la resolución, Pérez Bodria difundió un extenso descargo en el que rechazó los fundamentos del fallo y denunció irregularidades en el proceso. El abogado calificó la sentencia como "escueta" y "sin fundamento", y sostuvo que no se logró demostrar en el juicio cuáles habrían sido las falsedades atribuidas a los imputados.

En ese sentido, afirmó que el fallo "no indica en qué falsedad incurrió" el testigo ni "qué pruebas falsas" habrían sido introducidas en la causa. Además, cuestionó la valoración de la prueba y aseguró que durante el debate oral se produjeron elementos que, según su visión, desmentían la acusación.

El exconcejal peronista también vinculó la condena a una supuesta connivencia entre sectores políticos y judiciales. En su descargo, denunció la existencia de una "mafia político-judicial" en la provincia de Buenos Aires y apuntó directamente contra Massa, al sostener que el dirigente "manda en el poder judicial" bonaerense.

En la misma línea, el abogado aseguró que la sentencia responde a intereses ajenos al expediente y la calificó como "vergonzosa", al tiempo que insistió en que se ignoraron pruebas relevantes producidas durante el juicio.

Por último, confirmó que apelará la decisión en un plazo de 20 días ante la Cámara de Apelaciones de San Isidro, aunque también puso en duda la imparcialidad de esa instancia al señalar que estaría bajo la influencia del mismo sector político al que responsabiliza.

El caso se remonta al asalto ocurrido el 21 de julio de 2013 en la vivienda de Massa y Galmarini, episodio que la Justicia consideró como un hecho de intimidación política. Años más tarde, según la reconstrucción judicial, se habría desplegado una maniobra paralela para alterar el curso de la investigación original, lo que derivó en las condenas ahora dictadas.