Pasaron seis meses desde que la planta de la empresa ILVA cerró sus puertas en el Parque Industrial de Pilar y dejó a casi 300 familias sin su principal sustento. Desde entonces, el predio permanece con los portones cerrados y, frente a ellos, un acampe que no se levantó ni un solo día.

El conflicto comenzó a fines de agosto de 2025, cuando la firma comunicó el cese total de actividades y desvinculó a todo su personal. Desde el 29 de agosto, los trabajadores decidieron instalarse en las inmediaciones de la fábrica. Lo que en un primer momento fue una medida preventiva ante la posibilidad de que la producción pudiera reanudarse, con el correr de las semanas se convirtió en una estrategia para evitar el vaciamiento de la planta y resguardar bienes que consideran garantía de cobro.

A más de 180 días del cierre, los extrabajadores aseguran que la empresa no volvió a presentarse ni ofreció una propuesta concreta. Reclaman el pago de dos meses de salarios adeudados y las indemnizaciones correspondientes. Señalan, además, que el concurso preventivo de acreedores iniciado tiempo después del cierre constituye una maniobra que perjudica sus derechos.

En ese marco, la firma solicitó aplicar el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, mecanismo que contempla indemnizaciones reducidas en contextos de crisis. Sin embargo, incluso bajo esa modalidad, sostienen que no percibieron suma alguna.

Durante estos meses el acampe fue acompañado por distintas medidas de visibilización. Hubo protestas, movilizaciones y cortes en accesos al Parque Industrial y a la autopista Panamericana. Mientras tanto, el expediente avanza en los tribunales, sin una resolución definitiva.

La situación económica de las familias es cada vez más delicada. Algunos subsisten gracias al Fondo de Desempleo, otros realizan trabajos informales o se apoyan en plataformas de transporte para generar ingresos. Un grupo logró reinsertarse en empleos registrados, aunque remarcan que la edad y el contexto laboral actual dificultan encontrar trabajo estable.

Para afrontar gastos básicos, organizaron un fondo de lucha con el que reúnen agua y mercadería destinada especialmente a compañeros con hijos pequeños. Quienes deseen colaborar pueden realizar transferencias al alias despedidos.ilva a nombre de Jesica Florencia Pereyra o comunicarse al 11-2787-2282. A medio año del cierre, el reclamo sigue firme frente a una fábrica que permanece en silencio.