La investigación judicial sobre la mansión de Pilar vinculada a la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó este lunes un nuevo capítulo con un procedimiento clave en el aeropuerto de San Fernando. Pasadas las 11.10 del lunes, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) dieron por finalizado un operativo en el hangar de la empresa Flyzar, de donde se retiraron con la documentación que había sido requerida el viernes pasado por la Justicia federal.

El operativo fue ordenado por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, y se desarrolló bajo un marcado hermetismo. Según reconstruyeron fuentes judiciales, los agentes fueron recibidos nuevamente por Felipe Carmona Natta, propietario de la firma aeronáutica, quien permaneció presente durante todo el procedimiento. La entrega de la información -principalmente órdenes de vuelo y registros de pasajeros- se realizó en un "sobre cerrado", una modalidad que llamó la atención de los investigadores. Desde la empresa justificaron la decisión con un argumento concreto: evitar filtraciones y resguardar la identidad de clientes VIP, en el marco del alto perfil mediático que tomó la causa.

El material secuestrado es considerado crítico para el avance del expediente y será analizado en el juzgado de Campana. El magistrado busca cotejar estos registros oficiales con los testimonios brindados previamente por los pilotos de los helicópteros, quienes declararon cuando la causa aún tramitaba en el fuero penal económico, bajo la órbita del juez Marcelo Aguinsky. En aquellas declaraciones, los comandantes aseguraron bajo juramento que no conocían al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, ni a su tesorero y hombre de máxima confianza, Pablo Toviggino.

Para explicar los reiterados aterrizajes en la quinta ubicada en Villa Rosa, los pilotos sostuvieron que se trataba de simples "vuelos de entrenamiento". Esa versión despertó sospechas en los tribunales, debido al elevado costo operativo que implica movilizar ese tipo de aeronaves sin pasajeros. La normativa aeronáutica establece que la responsabilidad de registrar quién sube y baja de aeronaves en instalaciones privadas recae sobre los responsables de los hangares y helipuertos. En ese marco, si la documentación aportada por Flyzar confirma la presencia de dirigentes del fútbol en esos vuelos, la situación procesal de los pilotos podría complicarse por falso testimonio, además de reforzar el vínculo directo entre la dirigencia de la AFA y la propiedad investigada.

La ruta del dinero y los presuntos prestanombres

El procedimiento en San Fernando se inscribe dentro de una batería de medidas dispuestas la semana pasada por el juez González Charvay. Las órdenes incluyeron pedidos de documentación a distintos organismos públicos y privados, además de tres pericias específicas, entre ellas análisis contables y tasaciones.

El eje central de la investigación apunta a determinar la verdadera titularidad de la mansión y el origen de los fondos utilizados para su compra y mantenimiento. En los registros formales, el inmueble figura a nombre de la firma Real Central S.R.L., cuyos titulares son Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte. Sin embargo, la Justicia detectó fuertes inconsistencias en esa estructura societaria.

De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, Pantano y Conte adquirieron la finca en mayo de 2024 por un monto declarado de 1.800.000 dólares. No obstante, una tasación oficial valuó la propiedad en una cifra cercana a los 17 millones de dólares, una diferencia que no encuentra respaldo en los ingresos declarados por los supuestos propietarios. Para los investigadores, esta brecha alimenta la hipótesis de que ambos podrían estar actuando como prestanombres o testaferros.

A ese cuadro se suma un dato surgido del análisis de gastos: Pantano utilizaba una tarjeta corporativa de la AFA con la que registraba consumos mensuales cercanos a los 50 millones de pesos. Entre esos movimientos se detectaron pagos de peajes correspondientes a vehículos que circulaban con cédulas azules a nombre de familiares directos del tesorero de la entidad, un elemento que refuerza la sospecha de que la verdadera financiación de la mansión provendría de la estructura del fútbol argentino.

Las nuevas medidas probatorias, incluido el análisis de la documentación entregada en sobre cerrado, buscan cerrar el cerco sobre los movimientos societarios y fiscales para determinar si existió una maniobra compleja de ocultamiento patrimonial y lavado de dinero. La causa avanza y cada paso agrega presión sobre los protagonistas de uno de los expedientes más sensibles que hoy rodean a la dirigencia de la AFA.