El debate ambiental en la provincia de Buenos Aires tomó un giro sorpresivo tras la presentación de un proyecto impulsado por la legisladora exaltacrucense de Unión por la Patria, Lucía Klug. La diputada, vinculada políticamente a Juan Grabois, propuso la creación de un "fondo fiduciario" a través de la implementación de la Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (TAMBA), una iniciativa que busca gravar la emisión de metano atribuible a flatulencias y eructos vacunos y canalizar esos recursos hacia la mejora de la gestión de residuos urbanos.

El proyecto afirma basarse en el principio de Responsabilidad Extendida del Productor, y plantea que lo recaudado se destinaría a compensar las emisiones de la ganadería mediante la reducción lograda con un tratamiento adecuado de los residuos sólidos urbanos, siguiendo las disposiciones de la Ley N°13.592 sobre Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU).

En su fundamentación, la propuesta sostiene que la medida responde a la "imperiosa necesidad de enfrentar los desafíos del cambio climático y sus efectos, particularmente en lo que respecta a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)".

Los datos oficiales citados en el proyecto refuerzan ese diagnóstico. Según el Inventario de GEI de la Argentina, la provincia de Buenos Aires se encuentra entre las principales emisoras del país, concentrando alrededor de un cuarto del total nacional. Dentro de esas emisiones, el 27 por ciento corresponde al metano (CH4), y la ganadería aporta el 19% de ese gas, mientras que la gestión de residuos representa el 6%.

El texto explica que el metano generado por la producción ganadera proviene de la fermentación entérica y del manejo del estiércol, mientras que los rellenos sanitarios y basurales a cielo abierto también constituyen fuentes relevantes. Asimismo, detalla que "son sujetos obligados de la presente ley las entidades legalmente responsables de las empresas del sector ganadero asentadas en la provincia de Buenos Aires".

La respuesta del sector rural no tardó en llegar y fue de un rechazo absoluto. La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) criticó públicamente la iniciativa con un posteo en la red X que generó amplia repercusión: "el metano se mide; la improvisación legislativa también y emite mucho más. ¿Por qué no pensar una tasa para los legisladores improvisados?". Más tarde, a través de un comunicado oficial, la entidad profundizó su postura al afirmar: "Ante la intención de crear una Tasa Ambiental sobre el Metano (TAMBA) en la Provincia de Buenos Aires, desde CARBAP manifestamos nuestro absoluto rechazo a un proyecto que lejos de aportar soluciones, vuelve a cargar sobre los productores un costo sin sentido ni sustento técnico".

El pronunciamiento continuó con duras críticas a la presión fiscal existente. "La ganadería bonaerense ya sostiene una de las presiones impositivas más altas del país. Sumar una tasa al ‘metano de las vacas' no reduce emisiones, reduce producción, competitividad y empleo. Desde CARBAP defendemos políticas públicas serias, basadas en datos, diálogo y conocimiento. No aceptaremos más cargas que castiguen al sector que produce alimentos, genera trabajo y sostiene las economías de nuestras comunidades rurales".

El presidente de la entidad, Ignacio Kovarsky, también se expresó con firmeza: calificó la iniciativa de Klug como "no es una ley ambiental, es un impuesto encubierto al trabajo rural. La TAMBA no mejora el ambiente ni reduce emisiones. Solo agrega otro costo a un sector que ya sostiene una carga impositiva récord". Asimismo, añadió que el proyecto "no corrige nada: penaliza al que produce y premia al que regula sin saber".

El rechazo rural incluyó además cuestionamientos a la gestión pública provincial y municipal. La entidad insistió en que "la discusión pública se concentra en endeudamiento y reparto de posiciones, pero la Provincia sigue sin revisar ni eficientizar gastos provinciales y municipales". Y concluyó que "no existe un plan serio de ordenamiento ni de racionalización del Estado; y una vez más se opta por incrementar la presión fiscal sobre ciudadanos, familias y productores, en lugar de recortar privilegios, eliminar estructuras superpuestas o modernizar la gestión pública".

La propuesta de Klug abrió así un fuerte contrapunto político y sectorial que promete continuar en la Legislatura bonaerense, donde el proyecto ya generó más polémica que consensos.