El gobierno bonaerense anunció que a partir de enero de 2026 aplicará modificaciones en el esquema de subsidios energéticos, en sintonía con los cambios normativos que impulsa el Gobierno nacional. Así lo confirmó el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, quien explicó que las medidas apuntan a mejorar los criterios de inclusión y exclusión de la tarifa social y a adecuar el sistema provincial a la nueva segmentación que definirá la Secretaría de Energía de la Nación.

"Hay algunos cambios que se vienen en materia de subsidios a la energía en la provincia de Buenos Aires, en virtud de las modificaciones que está llevando adelante el Gobierno nacional", señaló Bianco durante una conferencia de prensa en la Gobernación. En ese sentido, remarcó que las definiciones se comunicarán con anticipación para evitar que los usuarios se vean afectados de manera sorpresiva.

Uno de los puntos centrales del nuevo esquema será la eliminación de la tarifa social para viviendas ubicadas en barrios cerrados. Según detalló el funcionario, a partir de enero de 2026 dejarán de recibir subsidios alrededor de 79.500 usuarios en toda la provincia: unos 66.900 en el Gran Buenos Aires, en áreas reguladas por Edenor y Edesur, y otros 12.600 en el interior bonaerense, bajo la órbita del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA).

"Se van a eliminar todos los subsidios, todas las tarifas sociales a todas aquellas residencias que están en barrios cerrados", afirmó Bianco. La decisión surge de un trabajo conjunto con la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) y el Ministerio de Economía provincial, orientado a revisar los criterios de asignación del beneficio y a focalizar la asistencia en los sectores que realmente lo necesitan.

En paralelo, el ministro explicó el rediseño del sistema de segmentación energética que impulsa el Gobierno nacional y que actualmente se encuentra en consulta pública. El esquema vigente, que divide a los usuarios en tres categorías -N1 (altos ingresos, sin subsidio), N2 (bajos ingresos, con subsidio del 65%) y N3 (ingresos medios, con subsidio del 50% en un tramo limitado)- será reemplazado por uno de solo dos grupos.

Según detalló Bianco, habrá hogares con subsidio, integrados por aquellos con ingresos menores a tres canastas básicas totales, que recibirán asistencia sobre un consumo de hasta 300 kilovatios hora mensuales en meses de alta demanda y hasta 150 kilovatios en períodos de clima templado. La segunda categoría estará conformada por hogares con ingresos superiores a ese umbral, que no recibirán ningún tipo de subsidio.

Estos cambios nacionales impactarán de manera directa en el esquema bonaerense. Bianco explicó que la Provincia contaba hasta ahora con un sistema que replicaba parcialmente la segmentación nacional para las empresas reguladas por el OCEBA, con un grupo de usuarios con ingresos menores a dos salarios mínimos -que seguirá recibiendo la tarifa social- y otro que se correspondía con la categoría N2 nacional.

Ante la eliminación de esa categoría a nivel nacional, la Provincia decidió sostener el beneficio para esos usuarios, siempre que cumplan determinadas condiciones. "Nosotros los vamos a poder seguir subsidiando, los vamos a poder seguir incluyendo en la tarifa social provincial, siempre y cuando se anoten en la página web del OCEBA y cumplan obviamente las condiciones para obtener el subsidio energético", indicó el ministro.

Bianco subrayó que el objetivo de anticipar estas definiciones es dar previsibilidad a los usuarios bonaerenses. "No queremos que nuestros usuarios de golpe se enteren que se han quedado sin subsidios por esta modificación regulatoria a nivel nacional", concluyó.

Las modificaciones se inscriben en un contexto de cambios más amplios en la política energética del país y comenzarán a regir formalmente el 1º de enero de 2026. En ese marco, la Provincia aseguró que brindará mayores precisiones operativas en los próximos meses y que buscará amortiguar el impacto de las decisiones nacionales sobre los sectores de menores ingresos, al tiempo que revisa de manera más estricta los criterios patrimoniales y de localización de las viviendas alcanzadas por los subsidios.