Aunque fueron sobreseídos por prescripción, los padres de Roberto Baratta no lograron recuperar, por el momento, la casa ubicada en el country Mapuche de La Lonja, que permanece embargada en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito contra el ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación, mano derecha de Julio De Vido durante el kirchnerismo.

La decisión fue confirmada por la Sala I de la Cámara Federal porteña, integrada por los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que ratificaron el congelamiento de los bienes a nombre de Marta Rosa Girola y Palmino Baratta -padres del ex funcionario- y de su hermana fallecida, Paula Baratta. Entre los activos alcanzados por la medida se encuentran la vivienda construida en 2012, con pileta y solárium, sobre un terreno de 801 metros cuadrados, y dos plazos fijos que continúan bloqueados por orden judicial.

La investigación se inició en diciembre de 2017 y está a cargo de la fiscal Alejandra Mángano. La hipótesis de los investigadores sostiene que Roberto Baratta habría utilizado a familiares y exparejas como presuntos testaferros para ocultar un incremento patrimonial que no podía justificar con sus ingresos legales. Bajo esa sospecha, en 2018 se dispuso la inhibición general de bienes y los embargos preventivos.

Si bien a fines de noviembre de 2025 el juez federal Ariel Lijo sobreseyó a los padres de Baratta por prescripción, y la persecución penal contra su hermana se extinguió por su fallecimiento, la Cámara consideró que ello no alcanza para levantar las medidas cautelares. Según el fallo, los bienes siguen bajo sospecha de ser "producto o provecho del delito" que aún se investiga respecto del ex funcionario.

La defensa de la familia había solicitado la devolución de los activos, argumentando que el dinero utilizado provenía de fuentes lícitas. En ese sentido, expusieron que el padre de Baratta trabajó durante 30 años en Edenor y recibió una importante liquidación, lo que le habría permitido adquirir el terreno y construir la vivienda con ayuda de sus hijos. Sin embargo, los jueces señalaron inconsistencias temporales en la documentación presentada y remarcaron que no se probó de manera contundente la capacidad económica para afrontar esas inversiones.

El tribunal subrayó que, en casos vinculados a delitos de corrupción, quien reclama la titularidad de bienes debe demostrar que los adquirió de buena fe y con dinero propio, una carga probatoria que -a criterio de la Cámara- no fue satisfecha. Además, destacó la necesidad de preservar los activos para asegurar un eventual decomiso.

En la resolución, Bruglia y Bertuzzi también instaron al juez Lijo a imprimir mayor celeridad a la causa, en particular a la pericia contable que se espera para febrero, y a avanzar con la citación a indagatoria de Baratta, pendiente desde diciembre de 2021. La causa por enriquecimiento ilícito continúa abierta desde 2017 y se conecta con las declaraciones que dieron origen al escándalo de los cuadernos de las coimas, donde Baratta es señalado como uno de los recaudadores de sobornos destinados, según la acusación, al matrimonio Kirchner.