Las tensiones internas dentro del peronismo bonaerense volvieron a paralizar la actividad legislativa y frustraron, por segundo día consecutivo, el tratamiento de la reforma del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, una herramienta clave para los intendentes en medio de la caída de la coparticipación y la presión financiera que implica el pago del medio aguinaldo.

El proyecto en discusión busca modificar el esquema actual del fondo, que hoy permite a los municipios disponer libremente del 70% de los recursos, para llevar ese porcentaje al 100%. Se trata de unos 250.000 millones de pesos que los jefes comunales pretenden manejar con mayor autonomía en un contexto de fuerte demanda social y restricciones presupuestarias.

Sin embargo, la iniciativa quedó trabada en la comisión de Presupuesto de la Legislatura bonaerense debido a las diferencias entre los distintos sectores del oficialismo. El enfrentamiento entre el kicillofismo, el kirchnerismo alineado con La Cámpora y el massismo impidió alcanzar un acuerdo, lo que derivó en la falta de dictamen y, en consecuencia, en la imposibilidad de llevar el tema al recinto.

La propuesta que mayor consenso había logrado hasta el momento fue presentada por el bloque UCR + Cambio Federal. Además de establecer la libre disponibilidad total de los fondos, plantea que la distribución se realice según los coeficientes de coparticipación. No obstante, el principal punto de conflicto no radica en el reparto, sino en la creación de nuevas atribuciones para una comisión bicameral.

Ese organismo, contemplado en la ley original, sumaría la facultad de autorizar la transferencia de los fondos a los municipios, además de supervisar la ejecución presupuestaria y monitorear indicadores económicos, incluyendo el estado de la deuda pública. Este punto es rechazado por el sector que responde al gobernador Axel Kicillof, que considera que la medida busca condicionar políticamente a los intendentes.

Del otro lado, tanto el massismo como el kirchnerismo y la oposición respaldan la iniciativa y sostienen que la medida apunta a garantizar mayor transparencia en el uso de los recursos y a fortalecer los mecanismos de control sobre las cuentas públicas.

En este escenario de disputa, la Legislatura muestra un funcionamiento prácticamente paralizado: en lo que va del año, la Cámara de Diputados apenas logró sesionar en una oportunidad, mientras que el Senado directamente no ha tenido actividad. La falta de acuerdos no solo demora este proyecto, sino que también bloquea otras iniciativas clave.

La situación genera creciente preocupación en los municipios bonaerenses, que enfrentan un escenario fiscal cada vez más complejo. A la caída de la coparticipación nacional y provincial se suma el aumento de la demanda en áreas sensibles como la asistencia social y la atención sanitaria, lo que presiona las cuentas locales.

El Fondo de Emergencia, creado en el marco de la autorización de endeudamiento provincial, se financia con el 8% de las colocaciones de deuda que realiza la Provincia y cuenta con una garantía de 250.000 millones de pesos que se distribuyen en cuotas. Su rediseño es considerado clave por los intendentes para sostener la gestión en un contexto económico adverso, pero por ahora permanece atrapado en la interna política del oficialismo.