La falta de agua y la baja presión en distintos barrios de Pilar volvió a ubicarse en el centro de la escena a partir de los reclamos impulsados por la Cámara de Comercio local. Sin embargo, desde la Defensoría del Pueblo del distrito aseguran que se trata de una problemática persistente, que se gestiona de manera constante y que, lejos de resolverse, se ha profundizado con el paso del tiempo.

Así lo expresó el defensor del Pueblo de Pilar, Adrián Maciel, quien confirmó que el servicio de agua corriente es, desde hace años, uno de los principales motivos de reclamo por parte de los vecinos. Según explicó, la Defensoría mantiene un sistema aceitado de recepción de denuncias y tramitación ante AySA y el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), con resoluciones reiteradas e incluso sanciones aplicadas a la concesionaria.

Maciel detalló que, en numerosas oportunidades, las intervenciones del organismo derivaron en resoluciones favorables para los usuarios, incluyendo la refacturación de períodos mal cobrados y la devolución de montos a través de saldos a favor en facturas posteriores. No obstante, remarcó que el problema dejó de ser ocasional o vinculado exclusivamente a los meses de altas temperaturas. "Hoy es una situación constante, crónica, que no solo se mantiene sino que se agravó", señaló.

En las últimas semanas, los reclamos se concentraron principalmente en zonas como Tropiano, Pilar Centro, Peruzzotti y Villa Buide. De acuerdo a los registros de la Defensoría, desde la semana de Navidad se recibieron entre 50 y 60 denuncias vinculadas a la baja presión o directamente a la falta de suministro. Cada presentación individual es elevada a la empresa concesionaria y, de manera paralela, agrupada por zonas para ser enviada al ente regulador, sumando a los usuarios afectados dentro de un mismo expediente.

Respecto a las respuestas de AySA, Maciel indicó que suelen estar acompañadas por explicaciones técnicas, como fallas en bombas o problemas de tensión eléctrica atribuidos a la empresa distribuidora de energía. Sin embargo, fue categórico al remarcar que esos argumentos no eximen de responsabilidad a la concesionaria del servicio de agua. Desde la óptica de la defensa del consumidor, explicó, el usuario reclama ante la empresa que le factura el servicio, y es esta la que debe resolver el daño ocasionado y, en todo caso, repetir luego la acción contra un tercero.

El defensor también advirtió que el retiro de las oficinas de atención presencial de AySA en Pilar y en otros distritos bonaerenses tuvo un impacto directo en la situación actual. Desde ese cierre, la Defensoría del Pueblo pasó a cumplir, de hecho, un rol de ventanilla permanente para canalizar reclamos, lo que se tradujo en un aumento sostenido de las consultas y denuncias.

En cuanto a las causas de fondo, Maciel descartó que el crecimiento poblacional sea el motivo central del problema y apuntó a una marcada desinversión. Señaló la reducción de cuadrillas, la falta de mantenimiento y la paralización de planes de expansión como factores determinantes. En ese marco, mencionó que los fuertes incrementos tarifarios registrados en el último tiempo no se vieron reflejados en mejoras del servicio, sino en una retracción de las prestaciones.

Finalmente, el defensor convocó a los vecinos afectados a acercarse a la Defensoría del Pueblo por los canales habituales, ya sea de manera presencial, telefónica o a través de WhatsApp y la web institucional. Para iniciar el trámite, indicó que solo se requiere el número de usuario que figura en la boleta. A partir de allí, el organismo gestiona el reclamo, prioriza la restitución del servicio y solicita el resarcimiento correspondiente por los días sin suministro.

Si bien no se difunden públicamente todas las actuaciones, las gestiones ante AySA y el ERAS se realizan de manera permanente desde la Defensoría, en un contexto que describen como cada vez más complejo para los usuarios del servicio de agua en Pilar.