La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires volvió a poner en agenda dos de los principales desafíos que enfrenta el sistema judicial provincial: la falta de integración plena del tribunal y la necesidad de contar con autonomía financiera. En ese marco, sus integrantes presentaron un proyecto de ley que busca otorgarle autarquía para administrar sus propios recursos y reclamaron avances en la cobertura de vacantes.

El planteo fue encabezado por el presidente del máximo tribunal, Sergio Torres, junto a los ministros Hilda Kogan y Daniel Soria, y el procurador general Julio Conte Grand. Durante un acto institucional, los funcionarios dirigieron un mensaje tanto al gobernador Axel Kicillof como a la Legislatura provincial, solicitando medidas concretas para resolver los problemas estructurales que atraviesa la Justicia.

Uno de los ejes centrales del reclamo fue la situación de la propia Corte, que actualmente funciona con solo tres de los siete integrantes que debería tener. "Este superior tribunal se encuentra inéditamente desintegrado", advirtió Torres, al tiempo que remarcó que la cobertura de las vacantes no es un asunto administrativo sino una condición esencial para el funcionamiento institucional del Poder Judicial.

El presidente del tribunal detalló que hace seis años se produjo la primera vacante y que la situación se agravó con la renuncia del exministro Luis Genoud, lo que dejó al cuerpo con menos de la mitad de sus miembros. En ese sentido, subrayó que esta situación genera dificultades en la toma de decisiones clave y limita la capacidad de planificación estratégica del organismo.

En paralelo, Torres señaló que el problema de las vacantes no se limita a la Corte, sino que se extiende a todo el sistema judicial bonaerense. Recordó que en un momento se llegó a registrar un déficit de hasta 700 cargos sin cubrir y, si bien destacó que durante 2025 se concretaron 412 designaciones, advirtió que aún quedan más de 200 puestos pendientes. Por eso, pidió que durante 2026 se profundice el proceso de nombramientos para fortalecer el servicio de justicia.

En este contexto, también se reactivaron las negociaciones políticas para avanzar en la designación de los nuevos integrantes del máximo tribunal. Según trascendió, existe un principio de acuerdo para completar las cuatro vacantes antes de la feria judicial de julio, con un esquema de distribución que contempla la participación de distintos espacios políticos: tres postulantes impulsados por sectores del peronismo -incluyendo el kicillofismo, el cristinismo y el massismo- y uno promovido por la oposición, particularmente el radicalismo.

El otro gran eje del reclamo estuvo vinculado a la necesidad de dotar al Poder Judicial de autonomía presupuestaria. En ese sentido, Torres fue contundente: "No hay independencia judicial posible sin autarquía financiera. Un poder judicial que depende de otro poder para definir su presupuesto está inevitablemente condicionado".

El proyecto presentado, denominado "Fortalecimiento del Poder Judicial", propone que la Corte pueda administrar sus propios fondos sin depender de decisiones del Ejecutivo, en un intento por garantizar mayor independencia y eficiencia en la gestión. Según explicaron, actualmente cerca del 90% del presupuesto judicial se destina al pago de salarios, lo que limita la capacidad de inversión en infraestructura, tecnología y mejoras en el servicio.

"Sin autonomía financiera no hay independencia real, ni servicio de justicia eficaz sin capacidad de gestión", insistió Torres, al justificar la iniciativa que ya fue elevada a la Legislatura para su tratamiento.

El acto contó además con el respaldo de distintas instituciones del ámbito judicial, como el Colegio de Magistrados, el Colegio de Abogados y la Asociación Judicial Bonaerense, que acompañaron la presentación del proyecto. Este respaldo amplía el alcance del reclamo y refuerza el mensaje hacia los otros poderes del Estado en un momento en el que vuelve a discutirse el funcionamiento y la calidad institucional en la provincia.

De esta manera, la Suprema Corte bonaerense busca abrir un debate de fondo sobre la estructura y el funcionamiento del Poder Judicial, poniendo sobre la mesa la necesidad de avanzar tanto en su integración plena como en su independencia económica, dos aspectos que consideran clave para garantizar un servicio de justicia eficiente y acorde a las demandas actuales.