La Confederación General del Trabajo (CGT) advirtió que avanzará con la judicialización de la reforma laboral aprobada en la Cámara de Diputados y anticipó que dará la pelea en los tribunales si el Senado la convierte en ley, como se prevé para el viernes 27 de febrero. La central obrera calificó la norma como "inconstitucional" y aseguró que impulsará acciones legales tanto contra la totalidad del texto como contra artículos específicos que considera violatorios de derechos adquiridos.

El anuncio fue realizado por uno de los integrantes del triunvirato de conducción, Jorge Sola, quien confirmó que, tras el paro general de 24 horas realizado en rechazo al proyecto, la estrategia sindical continuará en el plano judicial. "Vamos a judicializar la ley en su totalidad. Es inconstitucional", sostuvo en declaraciones radiales, y anticipó que los equipos legales de la central ya trabajan en la redacción de las presentaciones.

La reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei fue cuestionada por la CGT desde su ingreso al Congreso. Entre los puntos más controvertidos, la central menciona la disolución del fuero nacional del Trabajo, el nuevo esquema de indemnizaciones con posibilidad de pago en cuotas, la limitación del derecho a huelga y la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un instrumento que -según la mirada sindical- altera el sistema tradicional de reparación ante despidos.

Según explicaron desde la entidad, varios de estos cambios colisionarían con la Constitución Nacional y con convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), generando además un escenario de incertidumbre jurídica para empleadores y trabajadores. "Estamos avanzando fuertemente en el escenario de la judicialización de la ley en su totalidad y de algunos artículos en particular", remarcó Sola, al tiempo que advirtió que la discusión no se limita a la validez formal de la norma, sino también a sus efectos prácticos.

Uno de los interrogantes que se abre es qué régimen indemnizatorio se aplicará a los trabajadores contratados bajo la legislación anterior, en caso de que la reforma entre en vigencia. La eventual coexistencia de sistemas podría derivar en una multiplicidad de reclamos judiciales y conflictos interpretativos que, según la CGT, terminarán resolviéndose en los tribunales.

En la misma línea se expresó Cristian Jerónimo, otro de los secretarios generales de la central, quien aseguró que la organización no se quedará de brazos cruzados frente a la sanción definitiva. "Nos queda otra instancia, que es la judicial. Lo venimos diciendo: vamos a ir a la Justicia porque este proyecto de ley va en contra de la Constitución Nacional", afirmó.

La postura de la CGT anticipa un nuevo capítulo en la disputa entre el Gobierno y el movimiento sindical. Tras el paro general del jueves y las manifestaciones públicas de rechazo, la estrategia pasará ahora al terreno legal, con la presentación de acciones de inconstitucionalidad y medidas cautelares que podrían frenar la aplicación de algunos artículos mientras se resuelve el fondo de la cuestión.

Si el Senado aprueba el texto sin modificaciones, la reforma laboral quedará formalmente convertida en ley, pero su implementación podría quedar sujeta a un prolongado proceso judicial. En ese escenario, la confrontación se trasladará de las calles y el Congreso a los tribunales, donde se definirá si los cambios impulsados por el Ejecutivo se ajustan o no al marco constitucional vigente.

De este modo, la CGT busca sostener su resistencia a una reforma que considera regresiva en materia de derechos laborales y que, según su diagnóstico, altera principios históricos del derecho del trabajo argentino. La definición final, sin embargo, dependerá no sólo del voto en el Senado, sino también de lo que dictaminen los jueces en una disputa que promete extenderse en el tiempo.