La investigación judicial que intenta determinar el origen de los fondos utilizados para la compra de una lujosa propiedad en el partido de Pilar, atribuida a autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), volvió a quedar envuelta en una disputa por la competencia judicial y aún no tiene definido qué magistrado debe conducir el proceso.

El fiscal general ante la Cámara Federal de San Martín, Carlos Cearras, apeló el fallo que asignó el expediente al Juzgado Federal de Campana, con el objetivo de que la causa regrese al fuero Penal Económico. Cearras cuestionó la decisión que dejó la investigación en manos del juez Adrián González Charvay y sostuvo que el caso debe continuar en el despacho del magistrado Marcelo Aguinsky, quien intervino en la etapa inicial de la pesquisa.

Según el representante del Ministerio Público, la ubicación geográfica del inmueble investigado no resulta determinante para definir la competencia en una causa por presunto lavado de dinero, y existen otros elementos de mayor peso para establecer qué juzgado debe intervenir.

El planteo fiscal se produjo luego de que la Cámara Federal de San Martín resolviera, el pasado 20 de enero, dirimir el conflicto de competencia a favor del juzgado de Campana. En ese fallo, firmado por el juez Alberto Lugones, el tribunal consideró que la investigación debía tramitarse en la provincia de Buenos Aires, dado que allí se encuentra la mansión valuada en unos 17 millones de dólares, junto con una colección de autos y motos de lujo.

La contienda entre los juzgados se originó cuando la defensa de Luciano Nicolás Pantano, señalado como presunto testaferro junto a su madre Ana Conte, solicitó que el juez de Campana asumiera la causa al argumentar que los hechos investigados ocurrieron dentro de su jurisdicción. González Charvay aceptó el pedido y le solicitó a su par de la Ciudad de Buenos Aires que se inhibiera y remitiera el expediente, pero Aguinsky rechazó ese planteo, lo que obligó a la intervención del tribunal de alzada.

Para sostener su postura de mantener el expediente en la Capital Federal, el magistrado del fuero Penal Económico afirmó que el delito precedente al presunto lavado de activos sería una administración fraudulenta en perjuicio de la AFA. En ese sentido, señaló que la sede social de la entidad deportiva se encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo que el "centro de maniobras" del caso estaría allí y no en Pilar. Además, remarcó la especialidad de su fuero para investigar delitos complejos contra el orden financiero.

En la misma línea se habían pronunciado el fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial y su par de Campana, Sebastián Bringas, quienes coincidieron en que la causa debía continuar tramitándose en el juzgado con asiento en CABA.

A contramano de esas posturas, la Cámara Federal de San Martín sostuvo que los movimientos patrimoniales investigados se concretaron en Pilar. El fallo detalló que la pesquisa no solo abarca el inmueble, sino también una serie de bienes de alto valor ubicados en el mismo predio, entre ellos automóviles de colección, un haras con caballos árabes y pura sangre de carrera, una pista de entrenamiento equino y un helipuerto.

Otro de los argumentos que pesaron para enviar la causa a la provincia fue el cambio de domicilio de la AFA. Según la resolución, la entidad deportiva inscribió una nueva dirección en la localidad de Pilar en noviembre del año pasado.

No obstante, en su recurso, el fiscal Cearras también objetó el procedimiento utilizado para resolver la disputa de competencia. A su criterio, la Cámara Federal de San Martín no debía intervenir en un conflicto entre jueces de distintas jurisdicciones. Señaló que el Código Procesal Penal establece que la decisión correspondía al tribunal superior del juez que tenía la causa previamente, es decir, la Cámara en lo Penal Económico.

El fiscal advirtió además que el criterio territorial no puede ser el único factor para asignar una causa por lavado de dinero, ya que se trata de delitos que suelen trascender las fronteras físicas inmediatas.

Ahora, la Cámara Federal de San Martín deberá definir si admite el recurso y lo eleva a la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país. En caso de que la apelación sea rechazada, Cearras podrá recurrir directamente a Casación mediante una queja para intentar que se revise la asignación del juzgado.

Mientras tanto, la investigación continúa. La Justicia busca establecer si se utilizaron sociedades comerciales como "pantalla" para adquirir los bienes ubicados en Villa Rosa y si los fondos habrían provenido de maniobras defraudatorias contra la AFA, tal como sostienen las denuncias originales.

En las últimas medidas adoptadas por el juez González Charvay, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria realizaron procedimientos en el aeropuerto de San Fernando, donde requisaron el hangar de la empresa Flyzar y secuestraron documentación vinculada a órdenes de vuelo y registros de pasajeros de los helicópteros que aterrizaron en la mansión de Pilar.

En ese contexto, los pilotos de las aeronaves declararon bajo juramento ante el juez Aguinsky que no conocían al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia. Para explicar los reiterados aterrizajes en la quinta de Villa Rosa, sostuvieron que se trataba de "vuelos de entrenamiento", una versión que generó dudas en los tribunales debido al elevado costo operativo que implica el uso de ese tipo de aeronaves sin pasajeros.