El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó con dureza el proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados que introduce modificaciones en el régimen de Zona Fría y elimina beneficios clave para las cooperativas eléctricas. El mandatario calificó la iniciativa como "ilegal", advirtió que podría judicializarse y pidió al Senado que no avance con su sanción definitiva.

Las críticas del titular del Ejecutivo bonaerense se dan en el marco de una reforma impulsada por el Gobierno nacional que, según se estima, impactará en un fuerte incremento de las tarifas de gas para millones de usuarios. "Yo pensé que había llegado al límite de la crueldad y el abandono, pero evidentemente no", sostuvo Kicillof, al tiempo que consideró que el proyecto contiene disposiciones que "están mal directamente" desde el punto de vista jurídico.

En ese sentido, el gobernador adelantó que su administración evalúa recurrir a la Justicia en caso de que la ley avance en el Congreso. "Veremos qué haremos ante la Justicia. Le pedimos al Senado que no apruebe algo que descarga sobre la gente los problemas que genera el Gobierno", afirmó.

El principal foco de preocupación está puesto en la modificación del esquema de Zona Fría, que actualmente otorga descuentos en las tarifas de gas a usuarios de regiones con bajas temperaturas. De acuerdo a estimaciones oficiales, unos 1.240.000 hogares de 94 municipios bonaerenses perderían esos beneficios, lo que representa cerca del 20% del total de usuarios de la provincia.

Para ese universo, el impacto en las facturas sería significativo: se proyectan subas que oscilarían entre el 40% y el 100%, salvo en aquellos casos en que los usuarios logren acceder a los Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) mediante un nuevo proceso de inscripción. Este escenario genera preocupación en el Gobierno provincial, que advierte sobre las dificultades económicas que ya atraviesan amplios sectores de la población.

"Nos parece un gran error, porque esto va a tener consecuencias de todo tipo sobre una población que está con dificultades para llegar a fin de mes", expresó Kicillof durante una actividad en Florencio Varela. En esa línea, cuestionó las políticas de ajuste y apuntó contra el ministro de Economía, Luis Caputo. "Hace un montón que no se puede ajustar más. La gente no puede pagar las cuentas, el alquiler, no llega a fin de mes", enfatizó.

Pero la reforma no solo impactaría en los usuarios residenciales, sino también en el funcionamiento del sistema eléctrico en el interior bonaerense. Otro de los puntos que genera rechazo es la eliminación del fondo compensador tarifario destinado a cooperativas eléctricas, un mecanismo vigente desde 1996 que permite redistribuir recursos desde grandes distribuidoras hacia entidades más pequeñas.

Este fondo resulta clave para sostener el servicio en localidades del interior, donde las cooperativas cumplen un rol central en la provisión de energía. Según explicó el subsecretario de Energía bonaerense, Gastón Ghioni, unas 200 cooperativas operan en el territorio provincial y alcanzan al 40% de la población. "Por el Fondo reciben más que por las tarifas. Eso estaría prohibido con la nueva normativa", advirtió.

Además, Ghioni señaló que la iniciativa también pondría en riesgo otros mecanismos vigentes, como el cobro del alumbrado público a través de las facturas eléctricas, una herramienta que tiene respaldo legal desde 1989. La eventual eliminación de estos recursos podría comprometer la sustentabilidad económica de muchas cooperativas y afectar la calidad del servicio.

En este contexto, la Provincia busca articular una estrategia política y judicial para frenar el avance de la ley, al tiempo que intenta sumar apoyos en el Senado para evitar su aprobación. La discusión abre un nuevo frente de conflicto entre la administración bonaerense y el Gobierno nacional, en un escenario marcado por tensiones en torno al ajuste fiscal y su impacto en los servicios públicos.