El gobierno de Axel Kicillof inició una nueva ronda de paritarias estatales en un clima de tensión política y económica marcado por la falta de avances en la negociación del Presupuesto, la Ley Impositiva y la autorización para endeudarse. En las primeras reuniones con los gremios, tanto de la administración central como del sector docente, la Provincia no realizó ninguna oferta salarial, un gesto que, lejos de ser parte del ritual habitual de las negociaciones, evidencia un endurecimiento del Ejecutivo frente a la falta de respaldo legislativo.

Pese a que los trabajadores estatales bonaerenses lograron mantener su poder adquisitivo en el año -con un aumento del 25,9% en los primeros diez meses frente a una inflación del 24,8%- la continuidad de esa política salarial está en duda. Hasta ahora, Kicillof había sostenido la lógica de empatar las recomposiciones con la evolución del IPC, aunque con cierto retraso. Sin embargo, la administración provincial advierte que sin la sanción de las leyes clave, especialmente la que habilita la toma de deuda, será muy difícil otorgar un nuevo incremento.

En las reuniones desarrolladas en los últimos días, el gobierno escuchó los planteos gremiales pero evitó cualquier compromiso. Lo mismo se espera en el encuentro con los judiciales, previsto para hoy. La frase que un funcionario deslizó a DIB, "sin leyes no hay vida", resume la postura oficial: sin financiamiento garantizado, no habrá margen para mejoras salariales de fin de año.

La situación genera además preocupación por el pago de la segunda cuota del aguinaldo en diciembre. Desde el Ministerio de Economía, que encabeza Pablo López, admiten que el esfuerzo financiero será extremo. En paralelo, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, reclama una reunión con el titular de Interior, Diego Santilli, para discutir una deuda superior a los 12 billones de pesos que la Nación mantiene con la Provincia, según el cálculo bonaerense.

El endurecimiento de la postura provincial también impacta en los municipios, que aún no tienen asegurados fondos extra a la coparticipación, debido a que ese punto forma parte del paquete de leyes en discusión. Si bien en la Legislatura avanzaron los dictámenes del Presupuesto y la Ley Impositiva, la oposición bloqueó la autorización para endeudarse por el equivalente a 3.035 millones de dólares. La negativa generó fuerte malestar en el entorno del Gobernador, donde señalan a Juntos por el Cambio, pero también expresan fastidio con La Cámpora y el massismo, a quienes acusan de no empujar lo suficiente para destrabar la negociación.

En este contexto, el frente paritario queda atado a la puja política, y la posibilidad de un acuerdo salarial inmediato aparece cada vez más condicionada por el resultado de la pulseada entre la Gobernación, la oposición y sectores del propio oficialismo.