El empresario Leandro Camani quedó formalmente imputado por extorsión agravada en el marco de una investigación judicial que analiza la existencia de una presunta red dedicada a impulsar denuncias falsas con el objetivo de presionar a distintos actores. En el expediente también aparece involucrado el dirigente de la Coalición Cívica, Matías Yofe, presidente de la CC-ARI en Pilar y referente cercano a Elisa Carrió.

La imputación contra Camani fue dispuesta por el fiscal Germán Camafreitas, en una causa que se tramita bajo la órbita del juez Walter Saettone. Según trascendió, el nombre del empresario surgió durante el avance de la investigación a partir de distintos testimonios que lo vincularían con Yofe.

De acuerdo con información difundida por la Agencia Noticias Argentinas, entre los elementos que figuran en el expediente se mencionan pagos realizados por Camani para sostener un espacio radial en Cadena Premium, además de su presencia en la ceremonia de los premios Martín Fierro. Estos datos fueron aportados por un custodio y por un conductor radial que declararon en la causa.

En paralelo, el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, se presentó como damnificado en el expediente y denunció haber sido objeto de presiones que atribuyó a Camani. Según su planteo judicial, esas maniobras estarían vinculadas con la instalación de sistemas de fotomultas en rutas y en predios del CEAMSE, lo que posteriormente derivaba en presentaciones judiciales impulsadas por Yofe y el legislador porteño Facundo del Gaiso.

Por otro lado, el propio Yofe quedó bajo la lupa judicial luego del archivo de una causa por amenazas iniciada en marzo de 2025. El juzgado interviniente resolvió cerrar ese expediente al considerar que varios de los hechos denunciados carecían de sustento suficiente.

La denuncia original hacía referencia a presuntas intimidaciones relacionadas con la exconcejal Claudia Pombo y se encontraba vinculada a una presentación previa realizada ante el fuero federal de Campana. Sin embargo, ese tribunal se declaró incompetente al determinar que los hechos denunciados no constituían un caso de jurisdicción federal.

Durante el desarrollo de la investigación, uno de los testigos considerados clave relativizó la existencia de las amenazas y sostuvo que los dichos señalados correspondían a opiniones de carácter político. Además, afirmó que ni Pombo ni el exministro bonaerense Jorge D'Onofrio estaban presentes en el episodio que había sido denunciado.

En otro tramo del expediente, Andrea García -quien había sido señalada como supuesta víctima- negó haber realizado denuncia alguna y calificó como "mentirosa" la atribución de una presentación a su nombre. Esa declaración fue determinante para que el juzgado resolviera archivar la causa por inexistencia de elementos de convicción.

A raíz de esa resolución judicial, Yofe fue denunciado por presunto falso testimonio y será citado a indagatoria para explicar sus declaraciones bajo apercibimiento de procesamiento. Al mismo tiempo, el dirigente también figura mencionado en la causa por extorsión agravada que tramita en Pilar junto al empresario Camani.

El contexto judicial en el que se desarrolla esta investigación incluye además el reciente fallo de la Cámara Federal de San Martín que confirmó el procesamiento del exministro bonaerense de Transporte Jorge D'Onofrio por presuntos delitos de corrupción y lavado de activos vinculados al sistema de fotomultas y de Verificación Técnica Vehicular (VTV). La resolución judicial estableció además un embargo de 350 millones de pesos sobre sus bienes.

En esa misma investigación también quedó firme el procesamiento del exdirector de Fiscalización y Control de la VTV, Facundo Asensio, sobre quien pesa un embargo de 300 millones de pesos. El expediente analiza el presunto desvío de fondos provenientes de multas de tránsito a través de una estructura que, según la hipótesis judicial, funcionaba con roles y jerarquías definidas.

En paralelo, la Fiscalía Federal de La Plata evalúa un pedido de la cámara empresaria CECAITRA para investigar los vínculos de Camani con un presunto narcotraficante rosarino que fue detenido en 2024 mientras conducía una camioneta Mercedes Benz GLE registrada a nombre del empresario.

La entidad aclaró que ese episodio no implica una responsabilidad penal directa de Camani, aunque solicitó que se investigue su entorno por supuestas prácticas de utilización de denuncias penales y mediáticas como mecanismo de presión para obtener ventajas económicas o comerciales.