Familiares y amigos de Sofía Fernández volvieron a marchar por justicia

Al cumplirse tres años del crimen, la familia reclama que se concrete la elevación a juicio de los diez policías involucrados en el hecho ocurrido en la Comisaría Quinta del Kilómetro 50.

A tres años del crimen de Sofía Fernández, la mujer trans que murió bajo custodia policial en la Comisaría Quinta de Pilar, familiares, amigos y organizaciones volvieron a movilizarse para exigir avances en la causa y reclamar que se concrete el juicio contra los diez efectivos involucrados.

La jornada comenzó con una intervención en la estación de trenes de Pilar, donde se realizó una pegatina para visibilizar el caso. Luego, los manifestantes se trasladaron a la plaza 12 de Octubre, donde se llevó adelante el acto central con la presencia de allegados y referentes que acompañan el reclamo.

En ese contexto, Mabel Valdez, hermana de la víctima, reiteró el pedido de justicia y cuestionó la demora en el proceso judicial. "Basta de impunidad, no queremos que pase toda una vida para que mi hermana tenga justicia", expresó durante la movilización.

Sofía Fernández tenía 38 años, era docente de Literatura y estaba próxima a iniciar la carrera de Enfermería. Había sido detenida y, dos días después, su cuerpo apareció sin vida en una celda de la dependencia policial.

En un primer momento, la versión oficial indicó que se trataba de una "muerte súbita". Sin embargo, la autopsia reveló que el fallecimiento se produjo por "asfixia traumática por obstrucción de la vía aérea", al determinar que la víctima murió ahogada con trozos de colchón y su propia ropa interior. Además, se estableció que fue sujetada y golpeada por varias personas, sin descartar otras formas de violencia.

El caso tuvo un desarrollo judicial complejo. Inicialmente, solo uno de los diez policías fue imputado, pero en noviembre del año pasado se produjo un cambio significativo cuando la Cámara de Casación aceptó los recursos presentados por la fiscalía y la querella, y dispuso que todos los involucrados sean llevados a juicio.

Durante la movilización, Valdez remarcó ese avance, pero insistió en la necesidad de acelerar los tiempos judiciales. "No queremos más impunidad, ya tenemos dos apelaciones. Dependemos de que el juez eleve la causa a juicio. No queremos toda una vida para que mi hermana tenga justicia, la justicia la queremos ahora. Sabemos que nadie se suicida en una comisaría".

La resolución de Casación declaró "admisible" la apelación impulsada por los fiscales y la familia, lo que habilitó la continuidad del proceso con la totalidad de los imputados.

En ese marco, tres de los acusados enfrentarán cargos por "homicidio agravado por odio a la identidad de género, por el concurso premeditado de dos o más personas y por ser perpetrado por miembros de la fuerza policial", mientras que el resto será juzgado por encubrimiento agravado y falsificación de documento público.

A tres años del hecho, la causa se encamina hacia una instancia clave, mientras el reclamo de justicia se mantiene vigente en las calles. La familia y quienes acompañan el pedido insisten en que el proceso avance sin más demoras, en busca de una respuesta judicial acorde a la gravedad del caso.