La concesionaria Autos Pilar Premium quedó en el centro de una investigación judicial por una presunta estafa millonaria que ya suma cerca de 20 damnificados, varios de ellos vecinos que aseguran haber pagado vehículos de alta gama que nunca les fueron entregados. El local, ubicado sobre el kilómetro 39,5 de la colectora de la autopista Panamericana, apareció en las últimas horas cerrado y con sus ventanales tapiados con cartón.

"Cerraron todo. Estafaron a todo el mundo. Se fueron todos. Desaparecieron", expresó uno de los afectados en un video registrado frente a la agencia y difundido en las últimas horas por La Nación.

Según trascendió, las víctimas no solo realizaron transferencias de dinero en dólares sino que, en algunos casos, también entregaron sus propios vehículos como parte de pago de las operaciones pactadas.

Las denuncias son investigadas por las Unidades Funcionales de Instrucción N°1 y N°2 de Pilar, a cargo de los fiscales Raúl Casal y Andrés Quintana, respectivamente. No se descarta que ambas causas sean unificadas en un único expediente.

Entre los denunciantes aparece el nombre del diputado jujeño de La Libertad Avanza, Manuel Quintar, quien semanas atrás había llamado la atención al estacionar un Tesla Cybertruck en el Congreso de la Nación.

De acuerdo a su presentación judicial, Quintar comenzó en agosto de 2025 las negociaciones para adquirir un Tesla Cybertruck por un valor de 285 mil dólares. Según denunció, abonó la totalidad del monto acordado -parte mediante transferencias y parte en efectivo- pero nunca recibió el vehículo.

Fuentes de la investigación señalaron que se realizaron tareas investigativas que permitieron establecer que los responsables de la agencia "continuarían ofreciendo vehículos premium mediante un esquema societario organizado destinado a captar potenciales víctimas".

Ante la sospecha de que los acusados intentaban trasladar vehículos a otro local, el Juzgado de Garantías N°6 de San Isidro ordenó días atrás el secuestro de 19 camionetas 4x4 y autos de alta gama valuados en más de 1,2 millones de dólares.

Otro de los casos conocidos es el de un joven que denunció haber pagado 13.490 dólares por un Volkswagen Nivus que jamás le entregaron.

"Encontré una publicación en Mercado Libre, entregué mi auto como permuta y puse una seña de 2.500 dólares. Después me pidieron cancelar el resto para acelerar los trámites. Transferí otros 10.990 dólares y comenzaron las excusas: que faltaba la VTV, que el dueño estaba de viaje, que el verificador iba solo ciertos días. Cuando finalmente fui a buscar la documentación, la agencia estaba vacía", relató el damnificado, que prefirió mantener su identidad en reserva, a La Nación.

El propietario de la firma, identificado como Carlos Alberto G., ya había sido procesado el año pasado por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, por el delito de desobediencia a funcionario público. En esa causa, además, se trabó un embargo sobre sus bienes por 300 millones de pesos.

La investigación se originó tras una denuncia presentada por la empresa concesionaria de la autopista, que acusó a varias agencias de utilizar ilegalmente el espacio verde lindero a la Panamericana como playa de exhibición de vehículos. Entre las firmas apuntadas figuraban Autos Pilar Premium, MV Automotores, Blue Cars y FDG Motors.

Según consta en el expediente judicial, los concesionarios habrían ocupado de manera permanente el parquizado perteneciente a la Dirección Nacional de Vialidad para exhibir automóviles en venta.

Tras comprobar la maniobra, la Justicia ordenó retirar los vehículos del lugar. Aunque inicialmente los responsables acataron la medida, posteriores inspecciones de la Prefectura Naval detectaron que Autos Pilar Premium volvió a ocupar el predio con unidades en exhibición.

Esa situación derivó en el secuestro de nueve vehículos y en el procesamiento de Carlos Alberto G., quien se negó a declarar y presentó un escrito en el que responsabilizó a empleados de la empresa por haber estacionado nuevamente los vehículos en el lugar prohibido.

En su resolución, el juez González Charvay sostuvo que el empresario "deliberadamente desobedeció" la orden judicial al reinstalar vehículos en el sector concesionado, incluso después de haber sido advertido formalmente.