El empresario Leandro Camani presentó este lunes un escrito ante el Juzgado de Garantías de San Isidro en el que negó de manera categórica cualquier vínculo con el negocio de las fotomultas denunciado por el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia. En su presentación, también rechazó de plano cualquier relación con los dirigentes de la Coalición Cívica Matías Yofe y Facundo Del Gaiso, quienes fueron mencionados en el expediente.

La presentación de Camani se produjo luego de que Tapia ingresara un escrito de más de 20 páginas en el que sostuvo que las acusaciones públicas recientes sobre su patrimonio y su gestión al frente de la AFA no surgieron de forma espontánea, sino como una represalia por haber frustrado un presunto negocio millonario vinculado al sistema de fotomultas, entre agosto y septiembre del año pasado.

Según la denuncia del titular de la AFA, Camani habría intentado obtener beneficios económicos para la autorización de equipos de fotomultas en la autopista Camino del Buen Ayre y, ante la negativa, habría recurrido a amenazas y operaciones mediáticas. Sin embargo, en el escrito presentado este lunes, el empresario negó cada una de esas imputaciones y sostuvo que no existe prueba alguna que lo relacione con las acusaciones formuladas.

Tapia, representado por el abogado Gregorio Dalbón, afirmó que Camani, a través de la empresa Secutrans S.A., buscaba ampliar su participación en el sistema de recaudación por infracciones viales en la provincia de Buenos Aires. En ese marco, aseguró que el empresario había solicitado autorización para instalar y renovar cámaras de fotomultas en rutas y predios administrados por el CEAMSE, organismo que Tapia preside, lo que implicaría el manejo de un importante flujo de fondos estatales. Ante ese pedido, Tapia aseguró haber respondido con una negativa "expresa y categórica".

De acuerdo con la denuncia, tras esa decisión se habrían producido presiones y mensajes intimidatorios, con supuestas amenazas de impulsar denuncias penales falsas en su contra si no se habilitaba el negocio. Camani rechazó esa versión de manera tajante y, ya en el primer párrafo de su escrito, afirmó: "No he mantenido jamás relación personal, institucional, económica ni comunicacional alguna con el Sr. Tapia, ni de manera directa ni a través de intermediarios".

Además, el empresario cuestionó uno de los ejes centrales de la acusación al remarcar que el CEAMSE no tiene competencia para autorizar la colocación de radares o cámaras de fotomultas, facultad que corresponde exclusivamente a los municipios o al Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires. En ese sentido, sostuvo que resultaría ilógico haber solicitado a Tapia algo que el organismo que preside no puede conceder.

Camani también aclaró que su única relación con el pilarense Matías Yofe se limita a la presentación de denuncias formales ante la Justicia por presuntos hechos de corrupción en el ámbito del Ministerio de Transporte bonaerense. "Mi única vinculación con el Sr. Matías Yofe se circunscribe a las denuncias de hechos de corrupción que he promovido y/o impulsado (...) en mi carácter de representante de Secutrans S.A. y como directo damnificado", señaló en el documento, en referencia a maniobras que atribuye a funcionarios de esa cartera.

Al analizar la denuncia de Tapia, el empresario sostuvo que se apoya en una narración genérica, sin fechas, lugares, testigos ni comunicaciones concretas. También remarcó que las cámaras instaladas en el Camino del Buen Ayre ya existían por disposiciones firmadas con anterioridad, lo que refuerza, según su defensa, la falta de sustento de la acusación.

En ese contexto, Camani solicitó que Tapia sea citado de manera urgente para que precise los hechos denunciados y reclamó que todas las declaraciones vinculadas al expediente, incluidas las de periodistas y funcionarios, se realicen con identificación plena. Asimismo, ofreció aportar documentación oficial que acredita que el Ministerio de Transporte ya había aprobado la colocación de equipos en el Camino del Buen Ayre y pidió un eventual careo judicial con el presidente de la AFA para esclarecer las supuestas contradicciones.

Como parte de su estrategia defensiva, el empresario también puso a disposición sus teléfonos celulares y dispositivos electrónicos para que sean peritados, con el objetivo de demostrar la inexistencia de contactos, mensajes o gestiones con Tapia o con intermediarios. Finalmente, se reservó el derecho de iniciar acciones por calumnias o falso testimonio en caso de que se mantengan acusaciones que, según sostuvo, carecen de respaldo probatorio.