El Gobierno nacional avanza con el proceso de privatización de AySA y, según confirmaron fuentes del Poder Ejecutivo, el lanzamiento formal del pliego para que privados compitan por el paquete accionario de la empresa es inminente. La iniciativa se enmarca en la política impulsada por el presidente Javier Milei para desprenderse de compañías públicas habilitadas por la Ley Bases, y podría concretarse en las próximas semanas.

Desde la Casa Rosada indicaron que el pliego de la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos -que actualmente preside el ingeniero Alejo Maxit- está "muy cerca de salir" y que su publicación en el Boletín Oficial se espera antes de que finalice el primer trimestre del año. Incluso, no se descarta que el llamado pueda concretarse durante febrero.

El último paso formal en este camino se dio en julio del año pasado, con la publicación del Decreto 494/2025, que habilitó la venta de la totalidad de las acciones que posee el Estado Nacional, hoy equivalentes al 90% del capital social de la compañía. El 10% restante continuará bajo el esquema de propiedad participada de los trabajadores, tal como ocurre en la actualidad.

Según explicaron fuentes oficiales, la licitación apuntará a la venta de un paquete accionario mayoritario a un "operador estratégico", que será el encargado de tomar las decisiones operativas centrales de la empresa. La venta deberá ser, como mínimo, del 51% de las acciones, mientras que el resto -hasta el 90% máximo que posee el Estado- podrá colocarse en el mercado mediante un esquema de free float.

El proceso es coordinado por el Ministerio de Economía y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), que preside Diego Chaher, junto al área de Legal y Técnica de la Presidencia. En paralelo, ya se registraron manifestaciones de interés por parte de distintas compañías, aunque la mayoría mantiene reserva hasta conocer los términos definitivos del pliego. Entre los posibles interesados figuran empresas especializadas en agua y saneamiento, como la brasileña SABESP, además de consorcios nacionales y grupos con experiencia en servicios públicos.

En cuanto al control de la futura concesión, el Gobierno confirmó que seguirá a cargo del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), responsable del esquema tarifario, la calidad del servicio y la atención de reclamos, y de la Agencia de Planificación (APLA), que tendrá a su cargo la planificación estratégica, las inversiones y los planes de expansión.

Como paso previo a la privatización, el Ejecutivo aprobó un Plan de Acción de Transición para el período 2024-2026, con el objetivo de dejar a la empresa en condiciones para su traspaso a manos privadas. Ese programa contempla inversiones estatales por $753.900 millones y habilitó, además, aumentos tarifarios superiores a los aplicados durante la gestión anterior.

De acuerdo con datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, entre abril y noviembre se realizaron transferencias de capital a AySA por $36.600 millones, aunque con una caída interanual del 91%, en línea con el ajuste general en el financiamiento a empresas públicas. A esto se sumó el Decreto 805/2025, que estableció un nuevo marco regulatorio para la compañía y habilitó, entre otros cambios, la posibilidad de realizar cortes de suministro por falta de pago.

AySA presta actualmente servicio a más de 15 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y en 26 partidos del conurbano bonaerense, entre ellos Pilar. La inminente privatización abre una nueva etapa para una de las empresas de servicios públicos más grandes del país y anticipa un fuerte debate por el impacto que el cambio de gestión podría tener en tarifas, inversiones y calidad del servicio.