El Gobierno nacional oficializó un nuevo paso en su política de privatizaciones al aprobar el texto ordenado del Marco Regulatorio de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), la empresa pública que presta el servicio de agua potable y cloacas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano. La decisión se formalizó mediante el Decreto 86478, publicado este jueves en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Javier Milei y de otras autoridades del Poder Ejecutivo.

La resolución introduce cambios de fondo en la normativa vigente, entre los que se destaca la autorización para que la compañía pueda cortar completamente el suministro a los usuarios residenciales que acumulen dos meses de deuda. Hasta ahora, la empresa tenía permitido reducir el caudal de agua, pero no interrumpirlo por completo, al considerarse un servicio esencial. Con la nueva disposición, la suspensión total podrá efectuarse luego de 60 días de mora en el pago de la factura.

El decreto también establece que, para los usuarios no residenciales como comercios, industrias o instituciones privadas, el plazo para proceder al corte del servicio se reducirá de 60 a 15 días. Aun así, el texto mantiene la prohibición de realizar interrupciones en establecimientos sanitarios y penitenciarios, tanto públicos como privados, con el fin de garantizar el acceso al agua en lugares donde el recurso resulta indispensable para la salud y la higiene.

La aprobación del nuevo Marco Regulatorio se enmarca en el proceso de privatización de AySA iniciado a mediados de este año, luego de que la Ley Bases declarara a la empresa "sujeta a privatización". El decreto recuerda que la transferencia del paquete accionario deberá concretarse bajo principios de "transparencia, competencia, gobierno abierto, eficiencia y publicidad", con el objetivo de garantizar una transición ordenada hacia el sector privado.

Según el cronograma oficial, el procedimiento de venta contempla la transferencia del 90% de las acciones de la compañía dentro de los próximos ocho meses, conservando el Estado una participación minoritaria de control. De este modo, el Gobierno busca reducir su presencia en la prestación de servicios públicos, siguiendo la línea de desestatización promovida por la administración Milei en otras áreas estratégicas.

El texto del decreto también redefine aspectos tarifarios claves. Se establece que las revisiones ordinarias de tarifas podrán realizarse de manera automática y con una periodicidad no mayor a tres meses. Asimismo, se habilita a la empresa a solicitar incrementos extraordinarios ante el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), en caso de variaciones significativas en los costos operativos o de inversión. Este nuevo esquema refuerza la autonomía económica de la compañía y anticipa un régimen tarifario más flexible, similar al de las empresas privadas del sector.

En los considerandos, el Ministerio de Economía justifica la medida señalando la necesidad de "otorgar certeza jurídica" durante el proceso de privatización. También se detalla la corrección de errores detectados en el marco regulatorio previo, especialmente en el artículo 20 del Anexo E, que define el cálculo del cargo por construcción. Según el Gobierno, en la versión anterior se había invertido involuntariamente el criterio de los términos "medido" y "no medido", lo que generaba inconsistencias en la facturación a los usuarios. Con esta modificación, se restablece el método técnico vigente antes del Decreto 493/2025.

El nuevo marco no sólo ordena el esquema legal de funcionamiento de AySA, sino que marca un cambio de paradigma en la prestación del servicio. Hasta ahora, el acceso al agua potable era considerado un derecho básico cuya continuidad debía garantizarse incluso ante la falta de pago. Con esta actualización, el Ejecutivo habilita la suspensión total del servicio a hogares morosos, en una decisión que tensiona el equilibrio entre el principio de servicio público esencial y la lógica empresarial que orienta el proceso de privatización.

El decreto, que lleva la firma del presidente Javier Milei, subraya que la corrección y actualización normativa resultan "indispensables para avanzar en la adopción de medidas inmediatas y eficaces" que garanticen el funcionamiento del servicio durante la transición.