El Gobierno nacional dio un nuevo paso en su plan para privatizar Agua y Saneamientos Argentinos (Agua y Saneamientos Argentinos) al aprobar el modelo de contrato de concesión que regulará la relación entre el Estado y la futura empresa operadora. Se trata de un requisito formal clave antes de concretar la venta de la compañía.

La decisión fue oficializada a través de la Resolución 543/2026, publicada en el Boletín Oficial, en el marco de la Ley de Bases. Allí se establece que la concesión tendrá una duración inicial de 30 años, con la posibilidad de extenderla por otros 10 años. El servicio continuará abarcando a la Ciudad de Buenos Aires y a 26 municipios del conurbano bonaerense, entre ellos Pilar.

Según se detalla en el texto oficial, antes de avanzar con la venta del paquete accionario era necesario contar con un contrato que definiera de manera más precisa las obligaciones y responsabilidades tanto del Estado como del futuro concesionario. Desde el Ejecutivo sostienen que este paso busca brindar mayor previsibilidad jurídica a los potenciales interesados en participar del proceso.

El esquema diseñado por la administración nacional contempla la venta de al menos el 51 por ciento de las acciones de la empresa a un "operador estratégico", mientras que el porcentaje restante será ofrecido en el mercado bursátil.

Desde el Gobierno remarcaron que la medida forma parte de una profunda reestructuración del sistema y señalaron que el servicio actualmente llega a más de 14 millones de usuarios en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

En el caso de la provincia de Buenos Aires, además de Pilar, el contrato incluye a los municipios de Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, Ezeiza, Escobar, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López y Florencio Varela.

El plan oficial prevé una transición dividida en dos etapas. Durante el período comprendido entre 2024 y 2026, AySA continuará bajo control estatal mientras avanza con un plan de reorganización administrativa y financiera.

En tanto, desde enero de 2027 comenzará el denominado "Primer Ciclo Tarifario", etapa en la que el nuevo operador privado deberá cumplir con compromisos vinculados a inversiones y ampliación de la red de agua potable y cloacas.

Con la aprobación del contrato, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas quedó habilitada para avanzar con la licitación nacional e internacional que definirá qué empresa quedará a cargo del servicio en una de las regiones más pobladas del país.

Desde el organismo señalaron que el objetivo es atraer compañías con respaldo técnico y financiero para garantizar la continuidad de la prestación y ampliar la cobertura del servicio en el Área Metropolitana.