El ex ministro de Transporte bonaerense, Jorge D'Onofrio, fue citado a indagatoria en la causa que investiga si direccionó la licitación de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) a cambio de coimas. Deberá presentarse ante la Justicia el 15 de diciembre a las 10, en el marco de una investigación encabezada por el fiscal platense Álvaro Garganta, quien también imputó a ocho empresarios señalados como presuntos pagadores de sobornos.

La acusación del Ministerio Público Fiscal sostiene que los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública habrían ocurrido entre marzo de 2023 y enero de 2024, período en el que D'Onofrio integraba el gabinete de Axel Kicillof. El fiscal encontró elementos suficientes para indagarlo por supuestos acuerdos con siete firmas que finalmente obtuvieron la concesión del servicio de VTV: Sistema Integral del Automóvil SA, VTV Sud SA, Carpes All SA, SGS Argentina SA, VTV Norte SA, Applus Iteuve Argentina SA y VTV Noroeste SA.

La citación se da mientras el pilarense enfrenta otro frente judicial: en noviembre fue procesado y embargado por 350 millones de pesos por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, en una causa que investiga maniobras de corrupción relacionadas con las multas de tránsito y la VTV, bajo la figura de lavado de activos. Allí se lo acusó de desviar fondos públicos hacia la adquisición de bienes muebles e inmuebles.

Una empresa "vacía" en el centro del circuito sospechado

El dictamen de Garganta reveló que el presunto circuito de retornos habría sido canalizado a través de la empresa Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica S.A., considerada por la Fiscalía como una firma "vacía y sin experiencia" en el área tecnológica. Entre 2021 y 2023 no registró ingresos ni poseía bienes o personal especializado.

El 10 de mayo de 2023, Sebastián Andrés Desio adquirió la compañía; cinco días después, Soluciones firmó un acuerdo millonario con las empresas de VTV, incluso antes de que fueran formalmente adjudicatarias del servicio. Según el fiscal, este convenio funcionó como una especie de "garantía previa e indispensable" para que el ministro aprobara la licitación.

Los pagos a Soluciones -que totalizaron más de 4.995 millones de pesos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025- habrían encubierto los retornos destinados a D'Onofrio. La Fiscalía también detectó maniobras posteriores: Desio adquiría dólares con los fondos recibidos y retiraba el efectivo por ventanilla, una operación que Garganta calificó como típica para "hacer desaparecer el rastro" del dinero.

Desio, con vínculos políticos y visitas frecuentes al Ministerio de Transporte, está citado a declarar un día después de D'Onofrio. Luego será el turno de los empresarios acusados de cohecho activo:

Martín Hernán Serrano - 17 de diciembre

Germán Leandro Rebolo - 17 de diciembre

Leonardo Sclafani - 18 de diciembre

Aitor Reter Aguado - 18 de diciembre

Juan Manuel Funes Bige - 19 de diciembre

Juan Pablo Pesculich - 19 de diciembre

Germán Jorge Neuss - 22 de diciembre

Falta de competencia y anomalías en la licitación

En su investigación, Garganta identificó un patrón que refuerza la hipótesis de direccionamiento: en las 14 zonas donde hubo propuestas privadas, no existió superposición de oferentes, algo que, según la acusación, evidencia coordinación previa entre empresas y el Ministerio.

Además, se remarcaron múltiples irregularidades como la admisión de ofertas incompletas por parte de las firmas finalmente adjudicatarias. La empresa Sistema Integral del Automóvil, por ejemplo, se presentó sin tener su contrato inscripto ante los organismos de control, pese a que su UTE había sido constituida apenas dos días antes del cierre del plazo. En contraste, una empresa excluida fue descalificada por un formalismo, al presentar la garantía de mantenimiento de oferta en formato digital y no en papel.

El expediente avanza y promete nuevas definiciones en diciembre, mientras la Justicia bonaerense busca dilucidar si funcionó un entramado de empresas, intermediarios y beneficios privados para direccionar una de las licitaciones más sensibles de la Provincia.